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Recientemente el Ministerio de Sanidad lanzó a consulta pública la propuesta de proyecto del Real Decreto por el que se establecen los criterios técnico sanitarios del suministro y control de la calidad del agua de consumo. Esta nueva directiva, aprobada ya por el Parlamento Europeo, debe ser transpuesta por cada país miembro de la Unión Europea en un plazo de dos años. En este sentido, desde la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) expresan que la nueva directiva sobre agua de consumo humano es una oportunidad para mejorar en la gobernanza y la gestión del agua en los pueblos y ciudades de España.
El proceso de revisión y reforma de la normativa europea que ha dado lugar a la nueva Directiva ha suscitado muchos debates sobre la profundidad de los cambios que estos nuevos planteamientos sanitarios, ecológicos y sociales implicaban. Los resultados no han satisfecho por igual a todas las partes especialmente en los aspectos de garantía de los Derechos Humanos al Abastecimiento y Saneamiento y en algunos aspectos referentes a los procedimientos de gobernanza.
Sin embargo, el proceso de transposición de la Directiva comunitaria al respectivo ordenamiento jurídico nacional, en este caso español, abre la posibilidad de concreción, profundización y contextualización de manera adecuada, tal como las necesidades y demandas de la sociedad lo exigen en el caso de nuestro país. Este artículo recoge la opinión de AEOPAS al respecto.
