Nuevo Gobierno, ¿mismo Pacto Nacional del Agua?

La política en España está atravesando uno de sus momentos más históricos. Por primera vez desde la instauración de la democracia, un presidente, en este caso Mariano Rajoy (PP), ha perdido una moción de
censura, por lo que Pedro Sánchez (PSOE) ha sido investido presidente del Gobierno en junio de 2018. Es
el séptimo jefe de gobierno del período democrático actual y, aunque parecía que su intención era convocar
nuevas elecciones a corto plazo, ha reiterado su compromiso de acabar los años de investidura que quedan. En materia medioambiental, con el cambio de Gobierno el antiguo Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) se ha dividido en dos ministerios, el de Transición Ecológica y el de Agricultura, Pesca y Alimentación, estando el sector del agua encuadrado en el primero, que preside Teresa Ribera. Esta ministra se ha rodeado de Hugo Alfonso Morán como nuevo secretario de Medio Ambiente, Manuel Menéndez Prieto como nuevo director general de Agua y María Oloro Valenciano como nueva directora
general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. Todos ellos trabajarán para alcanzar los objetivos de esta
nueva cartera, entre otros la aplicación de la Directiva Marco del Agua, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la recuperación del peso que merece
la biodiversidad, la estrategia estatal de economía circular, el impulso a la protección de zonas de alto valor
natural, especialmente en el ámbito marino, o la lucha contra la contaminación atmosférica. Cierto es que
hasta ahora poco han dicho del agua, cuando este era un tema prioritario para el anterior Ejecutivo, en pleno
proceso del llamado Pacto Nacional del Agua. Por si acaso, asociaciones participantes en ese pacto, como Asagua, han recordado al nuevo Gobierno la urgencia de la firma de ese compromiso, así como algunas de las reivindicaciones históricas del sector del agua para que el Ministerio de Transición Ecológica se ponga a trabajar: una apuesta política clara y contundente sobre la Directiva Marco del Agua, desarrollar la colaboración público-privada, mayor inversión en infraestructuras, la compra pública de innovación y la reforma de la Ley de Aguas, la actualización de los Planes hidrológicos y que aborde la cuestión de las competencias, que siguen residenciadas en los entes locales, el establecimiento de un regulador único que ayude a cumplir los objetivos de solidaridad y la puesta en marcha de acciones educativas para que la sociedad entienda y asuma que el coste de los servicios del agua lo debe pagar el usuario y que el respeto a la naturaleza es la herramienta más efectiva para luchar contra el cambio climático, y reorganización del tejido empresarial y la administración hidráulica para atender las demandas sociales y cumplir con Europa.