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El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 11 de diciembre la Ley de Evaluación Ambiental, una norma que garantiza la máxima protección del medio ambiente, simplifica y agiliza trámites y establece una legislación homogénea en todo el territorio nacional.
Con la nueva Ley, que es coherente con las tendencias regulatorias de la Unión Europea y que ha contado con la participación de todos los agentes sociales y las organizaciones ecologistas, se unifica en un solo cuerpo legal las leyes de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental al emplear un esquema similar para ambos y homogeneizar su terminología. Además, se concentran los esfuerzos en los proyectos en los que se prevean impactos medioambientales más significativos, al tiempo que se configura una evaluación más ágil y menos costosa en el caso de los proyectos de menor incidencia ambiental.
Un ejemplo de ello, es que destaca como novedad en esta norma la obligación de someter en todo caso a evaluación ambiental los proyectos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica o fracking, lo que conlleva un mayor control ambiental de este tipo de proyectos. La Ley incorpora también el acuerdo impulsado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente entre las 5 comunidades autónomas de las cuencas del Tajo, del Segura y del Júcar que permitirá culminar la planificación hidrológica con el máximo consenso en estos tres grandes ríos, así como estabilizar el trasvase Tajo-Segura. El acuerdo, entre otros aspectos, establece una reserva de 400 hm3 en los embalses de cabecera, por debajo de la cual no se autorizan trasvases.