15 de febrero, 2015
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Facua-Consumidores en Acción ha realizado un estudio sobre las tarifas domiciliarias de agua en 28 ciudades españolas, donde ha constatado diferencias entre ciudades de hasta el 338,7%. Las variaciones alcanzan los 439,80 euros al año para una vivienda con un consumo de 10 m3/mes. Los precios comparados incluyen los cánones y recargos que se aplican en muchas ciudades pero no cuentan las tarifas por alquiler y mantenimiento de contadores. La asociación exige medidas que eviten la privación de suministro a aquellas familias que les resulte imposible hacer frente al pago. También pide la aplicación de tarifas progresivas que facturen en función del número de habitantes del inmueble y penalicen los consumos excesivos. Se adjunta documento con tablas comparativas.

El análisis de Facua toma como referencia una vivienda con 3 habitantes y un consumo mensual de 10 m3. Los usuarios con contadores de 13 mm de diámetro han experimentado una subida media del 2,7%, mientras que las tarifas para los contadores de 15 mm han sufrido un aumento del 0,4%. La asociación exige que se apliquen tarifas progresivas facturadas en función del número de habitantes del inmueble y que se penalicen los consumos excesivos.

 

Diferencias desproporcionadas

Con contadores de 13 mm y un consumo de 10 m3, los importes más elevados encontrados han sido los de Murcia (29,35 euros), Barcelona (23 euros) y Cádiz (22,82). En el otro extremo se encuentra Valladolid, donde independientemente de si el calibre es de 13 o 15 mm, su coste es de 10,82 euros.

Para un consumo de 10 m3 con un contador de 15 mm, los precios más caros mensuales son los que se abonan en Alicante (47,57 euros, donde menos del 1% tienen instalados contadores de 15mm), Murcia (29,35 euros) y Huelva (24,08 euros).

Este mismo consumo con un contador de 13 mm supone un gasto medio de 17,31 euros, mientras que si se utiliza un contador de 15 mm, la media asciende a 18,68 euros (siempre más IVA y sin tener en cuenta el coste por alquiler o mantenimiento de contadores).

 

Las mayores subidas, en Ciudad Real, Barcelona y Bilbao

La mayor subida del precio del agua detectada por Facua se ha producido en Ciudad Real, con un incremento del 11,6% para un consumo mensual de 10 m3 independientemente de que el contador sea de 13 mm o 15 mm de calibre. A Ciudad Real le sigue Barcelona, con un aumento del 8,4% y Bilbao (7,5%).

Facua recuerda que estas subidas de tarifas pueden obedecer no solo a los incrementos aprobados por las empresas suministradoras de agua, sino también a los aumentos de los cánones o a la aparición de otros nuevos de municipios, provincias o comunidades autónomas.

 

Número de residentes de la vivienda

Facua considera que el concepto de ahorro o despilfarro no puede desvincularse del número de residentes de la vivienda. Por ello, la asociación cree que debe avanzarse en la facturación por habitante, así como en la aplicación de tarifas progresivas donde se penalicen los consumos excesivos. En la actualidad, solo dos de las ciudades analizadas (Málaga y Sevilla) disponen de tarifas vinculadas al número de personas que residen en la vivienda. Sin embargo, hay algunas ciudades que a partir de 4 miembros o más en el núcleo familiar aplica tarifas distintas, como A Coruña y Barcelona, que en 2014 ha comenzado a considerar familia numerosa a partir de 4 miembros. En otros 17 municipios se tiene en cuenta si los titulares del suministro en las viviendas donde residen más de tres personas conforman una familia o vivienda numerosa con el fin de aplicarles tarifas más reducidas.

La asociación señala que, en algunos casos, estos precios más bajos se aplican a todas las familias numerosas, mientras que en otros están vinculados a renta o a situaciones como aquellas en las que todos sus miembros se encuentren en paro o pensionistas con bajos ingresos.

Facua reivindica que se incluya en la estructura tarifaria tarifas de carácter social que tengan en consideración colectivos desfavorecidos. La asociación reclama que se articulen medidas para evitar la privación de un suministro esencial y básico a aquellas familias que les resulte imposible hacer frente a su pago y recuerda que el agua ha sido declarado derecho humano por la ONU. En la actualidad, la atención de estas familias se suele gestionar con cargo a un fondo social constituido por los ayuntamientos o entidades suministradores en colaboración con estos últimos. Pero la aplicación de dicho fondo, su cuantía, requisitos de acceso al mismo etc., no es suficientemente transparente ni está participado por las organizaciones sociales.

 

Cánones del agua, saneamiento y depuración

Los cánones pueden ser de ámbito local, provincial o autonómico. La finalidad de los mismos, salvo alguna excepción, es destinar lo recaudado a infraestructuras de saneamiento y depuración.

En A Coruña (canon del agua de la Xunta) y Palma de Mallorca (Canon de saneamiento de aguas) los usuarios pagan en 2014 más que en 2013 por el incremento de los importes de los cánones que aplican pese a que las tarifas del resto de importes no se han modificado. En Badajoz, la bajada de la cuota fija del canon de saneamiento de la junta de Extremadura amortigua el incremento producido en las tarifas del agua.

En Sevilla se aplican el canon provincial del Consorcio y el canon autonómico, pues en 2013 ha finalizado la aplicación del canon de mejora de infraestructuras. Por este motivo, los incrementos tarifarios aplicados en 2014 para los consumidores domésticos además de en el canon autonómico se han visto amortiguados, especialmente en el perfil de una vivienda con un consumo para tres miembros de 10 m3, donde el usuario no ha notado cambio alguno.

 

Carencia normativa

En España, el suministro domiciliario de agua es competencia de los ayuntamientos, que lo gestionan desde el propio ente, consorcios o mancomunidades, o a través del otorgamiento de las concesiones de servicio a empresas públicas, privadas o mixtas, señala Facua. En algunos casos existen cánones o recargos locales, provinciales y autonómicos que repercuten en los consumidores con carácter finalista, habitualmente con el objetivo de sufragar infraestructuras de abastecimiento, saneamiento o depuración.

Facua ve necesario que los ayuntamientos y entidades gestoras den participación a las asociaciones de consumidores a la hora de diseñar las tarifas y aprobarlas. La entidad continúa demandando una norma marco que regule aspectos básicos del servicio; estructuras tarifarias, procedimientos de aprobación, condiciones del servicio, reclamaciones, contratación y participación. Asimismo, esta normativa debería abarcar las indemnizaciones que se pueden percibir en caso de cortes del suministro por motivos que no respondan a fuerza mayor o acciones de terceros o la periodicidad de lectura de los contadores y facturación.

Facua considera que también deben quedar recogidos en un marco legal las condiciones de presión y caudal mínimas exigibles por los usuarios, los procedimientos que garanticen la suspensión o la baja en el suministro y los sistemas para la resolución de las reclamaciones. A ello se le añade la necesidad de establecer una norma que clarificase el precio del agua y los conceptos repercutibles a los usuarios por parte del sector, con el fin de fomentar un modelo lo más claro posible.

La asociación también reivindica la obligación de que las empresas que prestan este servicio cuenten con teléfonos gratuitos y oficinas para la atención a los usuarios, y que estén adheridas a procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos como el Sistema Arbitral de Consumo.

 

Metodología del estudio

Para realizar este estudio, Facua ha tenido en cuenta el ciclo integral del agua: las cuotas fijas y variables facturables tanto por el abastecimiento como por el saneamiento, alcantarillado, depuración y vertidos, junto a los posibles cánones o recargos relacionados con la mejora de infraestructuras, impulsión, sequía...

De los datos obtenidos Facua ha comparado en la nota los referidos a un consumo de 10 m3, dentro de la media para el perfil de una vivienda con 3 habitantes. De los precios recogidos están excluidos conceptos como el alquiler y mantenimiento de contadores con importe independiente o el IVA. Como cuotas fijas o de servicio, la entidad considera aquellas que hay que pagar aunque no se haga uso de las mismas, mientras que las variables o de consumo dependen del volumen de agua consumida. Tampoco se ha reflejado la existencia o no de bonificaciones a las familias numerosas para dejar fuera las penalizaciones de consumos elevados, que en estos casos resultan justificados. De igual modo, no se han tenido en cuenta las tarifas para usuarios de rentas bajas.

Para evaluar las cuotas fijas y variables de abastecimiento y saneamiento se ha tomado como referencia una vivienda habitada por tres miembros, con periodicidad mensual. Además, se han establecido dos consumos medios, de 10 y 20 m3, obtenidos a través de contadores individuales de 13 y 15 mm de calibre. Según la ciudad, la facturación puede realizarse de forma mensual, bimestral o trimestralmente, por lo que, al objeto de realizar el estudio, se ha calculado su equivalente mensual.

Tampoco se han reflejado en el estudio otros conceptos que influyen en el precio del agua, como son la disponibilidad y calidad del agua en origen, la calidad del servicio prestado o la existencia o no de subvenciones, tanto de explotación como de capital. En el informe se incluye como información el tipo de gestión del agua en cada una de las ciudades analizadas.

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