AEAS, AGA y Ecodes aconsejan cómo deben ser las ayudas sociales en el sector del agua

Dado el carácter vital y esencial del agua, y por su sentido de servicio público, desde hace años los operadores de los servicios de agua urbana, ya sean entidades locales y empresas públicas, privadas y mixtas, cuentan con mecanismos de acción social que consisten, actualmente, en bonificaciones contempladas en la tarifa de agua y/o en fondos de solidaridad.

En ese sentido, esta propuesta nació del afán sectorial de mejorar y de profundizar en la sensibilidad de las entidades operadoras de los servicios de agua urbana con los colectivos más desfavorecidos y pretende encontrar el equilibrio entre la sostenibilidad del servicio, mediante una adecuada recuperación de costes, y la garantía de acceso universal al agua, ofreciendo, de este modo, soluciones a las familias y viviendas en difícil situación económica sin disminuir la calidad del servicio y preservando el medio ambiente.

Para la elaboración de este informe se han celebrado dos talleres de trabajo, en Zaragoza y en Madrid, en los que han participado representantes de administraciones públicas, asociaciones, entidades operadoras de servicios de agua urbana, organismos relacionados con el agua, ONG y otros, que han aportando su punto de vista y realizado propuestas que han sido discutidas y analizadas para su inclusión en el documento final. Durante estos talleres de trabajo se han abordado, entre otras cuestiones, el marco competencial, la situación actual de los mecanismos de acción social y sus posibles alternativas, la repercusión económica de las tarifas, la estructura tarifaria; la regulación o el derecho humano al agua.

Recomendaciones sobre las acciones de sostenibilidad social en el sector del agua urbana

Una vez celebrados estos talleres, de acuerdo con el convenio anteriormente citado, ECODES ha presentado a AEAS y AGA una serie de recomendaciones sobre los mecanismos de acción social y las actuaciones de carácter social aplicadas en el sector del agua urbana. Dichas recomendaciones pueden resumirse en los siguientes puntos:

• Garantizar el Derecho Humano al agua: el agua debe ser asequible, no gratuita.
• Mantener el principio establecido por la Directiva Marco del Agua de la recuperación de costes.
• Asegurar mediante los mecanismos de acción social la asequibilidad de la tarifa del ciclo integral del agua.
• Aplicar estrategias de eficiencia.
• Mejorar la estrategia de comunicación con los agentes sociales y principales grupos de interés de la política del agua municipal y nacional.

Conclusiones del informe

Analizado el documento de recomendaciones elaborado por ECODES, las asociaciones AEAS y AGA concluyen en su informe los siguientes puntos:

• El agua es un Derecho Humano del que no se debe privar a ningún hogar por incapacidad de pago debidamente justificada. Sin embargo, este Derecho Humano al agua conlleva la necesidad de contribuir al mantenimiento de los servicios a través del pago de un precio asequible. Los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración conllevan unos costes y la sostenibilidad de estos servicios depende de la recuperación de dichos costes, según el principio establecido por la Directiva Marco del Agua. Así, todo ciudadano tiene la obligación de contribuir al pago de una tarifa del agua que sea asequible, por tratarse de un bien básico esencial. La ONU recomienda a nivel mundial que la tarifa del agua no supere el umbral del 3% de los ingresos del hogar. En España representa, de media, el 0,9%. Los mecanismos de acción social son las herramientas concebidas para asegurar la asequibilidad a colectivos desfavorecidos.

• La amplia cobertura de los mecanismos de acción social constata la sensibilidad de los responsables de los servicios de agua urbana con los colectivos más desfavorecidos. Dado el carácter vital y esencial del agua, y por la titularidad pública de la misma, desde hace años los operadores de los servicios de agua urbana encargados de su gestión ─entidades locales y empresas públicas, privadas o mixtas─ han contemplado mecanismos de acción social. Estos mecanismos tienen por objetivo la equidad y solidaridad social y consisten, actualmente, en bonificaciones contempladas en la tarifa de agua y/o en Fondos de Solidaridad. Según una encuesta realizada por AEAS-AGA, que abarcó una muestra de servicios que atienden a una población superior a los 15 millones de personas, más del 90% de dicha población residía en municipios que poseían uno o ambos mecanismos, alcanzando el número de beneficiados el 1,2% de los usuarios.

• La situación económica de los últimos años y el incremento de familias con dificultades para atender el pago de la tarifa del agua aconseja mejorar y homogeneizar las políticas de carácter social en materia de agua. Pese a la amplia cobertura de los mecanismos de acción social existentes, la difícil coyuntura económica hace que sea necesario continuar mejorando las iniciativas sociales de los servicios de agua urbana. En ese sentido, los ayuntamientos y las entidades operadoras deberían seguir optimizando el diseño, administración y ejecución de los mecanismos de acción social, ya que son la mejor alternativa.

• Los mecanismos de acción social deberían considerar fundamentalmente criterios de renta con el objetivo único de garantizar la asequibilidad del servicio. No obstante, todos los mecanismos de acción social presentan ventajas e inconvenientes, por lo que su elección, diseño y aplicación debería basarse en análisis socioeconómicos que consideren las particularidades de cada municipio o ámbito de gestión. Además, la aplicación de estos mecanismos podría llevar asociadas estrategias de eficiencia en los hogares como medida complementaria y pedagógica.

• Aunque los servicios y entidades sociales son los encargados de determinar los beneficiarios de las ayudas sociales en el agua urbana, sería aconsejable que las entidades operadoras mantuvieran e incrementaran la colaboración en la búsqueda de soluciones para los usuarios en situación de pobreza. Para ello, sería aconsejable que se generalizaran los apoyos y ayudas por parte de las entidades operadoras de los servicios de agua, a los servicios sociales y a las entidades sociales en la facilitación de los trámites necesarios, a través de la aportación de conocimiento, recursos, medios y/o experiencia.

• Las entidades operadoras deberían continuar mejorando la trasparencia, la eficacia de la comunicación y la disponibilidad de información. La nueva coyuntura económica requiere nuevas estrategias comunicativas que complementen las actuales. Además, resulta esencial realizar un esfuerzo de armonización de criterios y de homogeneización de datos para conseguir información válida y útil a nivel sectorial. La disponibilidad de información debería ser complementada con pedagogía en temas conflictivos como son, por ejemplo, los cortes de suministro. Por ello, las entidades operadoras del agua urbana deben seguir siendo proactivas y adaptarse al ritmo de la sociedad, proporcionando información y comunicación con transparencia.

• El procedimiento de corte o interrupción del suministro es una herramienta que busca básicamente asegurar el pago de aquellos usuarios que sí pueden pagar el agua. Se considera el instrumento más adecuado para garantizar la sostenibilidad en la gestión del servicio. El acceso al agua es un Derecho Humano reconocido y por ello el procedimiento de interrupción del suministro o corte no debe implicar dejar sin agua a quien justifique su incapacidad de pago. El procedimiento actual es muy garantista con el usuario, ya que requiere aprobación por parte de la administración pública competente. Es una herramienta eficaz para asegurar el pago de los ciudadanos que sí pueden pagar el agua, es decir, la inmensa mayoría. Debe ser un objetivo de los mecanismos de acción social evitar los posibles errores administrativos, con el objetivo de que ningún hogar, con problemas justificados que le impidan atender al pago, se quede sin suministro de agua.

• Las entidades operadoras, servicios sociales, entidades sociales y administraciones competentes deberían optimizar la cooperación para continuar mejorando la implantación, adaptación y accesibilidad a los mecanismos de acción social. Los mecanismos de acción social deberían aplicarse a todo el ciclo del agua con los mismos criterios de acceso, independientemente de cual sea la administración que fija la tarifa y la entidad que opera. Se requiere coordinación y consenso entre las distintas administraciones competentes y entidades operadoras.

• Se considera necesaria la armonización de criterios en el sector del agua urbana en España. Para ello, ayudaría a conseguirlo la creación de un ente u organismo regulador independiente con potestad para establecer un rango de criterios en la estructura tarifaria y los mecanismos de acción social. Aunque la figura de un regulador general para los servicios de agua urbana tendría unos cometidos de mayor cobertura estratégica, sin duda favorecería la armonización tanto de criterios como de procedimientos en lo relativo a los mecanismos de acción social y las estructuras tarifarias.

• Sería muy recomendable la elaboración de una guía de buenas prácticas para el diseño, administración y ejecución de los mecanismos de acción social en el sector del agua urbana. El objetivo sería establecer un marco flexible que sea útil para las administraciones competentes y las entidades operadoras y que avance en la optimización de las políticas sociales en el sector del agua. Los elementos clave para el desarrollo de esta guía deberían centrarse básicamente en:

1. Criterios para determinar los potenciales beneficiarios (fundamentalmente renta y valorando otros).
2. Procedimientos (agiles, simples y eficientes) de validación individualizada del beneficiario.
3. Cuantía de bonificación o ayuda (basada en condiciones de asequibilidad).
4. Métodos de soporte económico (estructura tarifaria, fondos de solidaridad u otros).
5. Fijación de objetivos sostenibles y seguimiento de su cumplimiento.

Por último AEAS y AGA animan a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a las comunidades autónomas y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a trabajar junto con las entidades operadoras y las distintas entidades sociales en la elaboración de un guía de buenas prácticas.