El Mapama impulsa la implantación y el seguimiento del plan de gestión del riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica del Cantábrico

El objetivo de estos trabajos, que tienen un plazo de ejecución de 24 meses, es impulsar la implantación y seguimiento del plan de gestión del riesgo de inundación y revisar la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de la cuenca.

De esta forma se da cumplimiento a lo previsto en la Directiva de Inundaciones y lo recogido en el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que establece la necesidad de que se elabore una nueva cartografía de zonas inundables, basándose en la revisión de los estudios hidrológicos existentes y en los nuevos trabajos de prevención. El objetivo final es conseguir una propuesta definitiva de las áreas con riesgo potencial significativo de inundación y facilitar la constante actualización del Informe a la Comisión Europea.

Los trabajos a realizar incluyen, entre otros, la recopilación y análisis de la información disponible, en particular la relativa a la incidencia del cambio climático en el riesgo de inundación y a la relacionada con la transformación del territorio, debido a la ejecución de infraestructuras y el desarrollo urbanístico. También se llevará cabo la revisión y elaboración de estudios hidrológicos e hidráulicos y generación de cartografía de zonas de riesgo potencial de inundación y la redacción de proyectos de infraestructuras verdes y restauración fluvial.

Asimismo, se identificarán y se estudiarán al detalle tramos con insuficiente drenaje transversal y se elaborara un inventario de las infraestructuras de defensa existentes. Todo ello con el objetivo de conseguir una propuesta definitiva de Áreas con Riesgo Potencial Significativo del segundo ciclo. Estos trabajos tienen también como objetivo conseguir una adecuada percepción del riesgo de inundación, por parte de la ciudadanía y los agentes económicos y sociales.

Los planes de gestión tienen como objetivo lograr una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones, mediante la definición y ejecución de un conjunto de actuaciones, ordenadas y priorizadas, que cada una de las administraciones debe aplicar en el ámbito de sus competencias y que constituyen el programa de medidas del Plan.