El Mapama considera que el Pacto Nacional por el Agua es la solución consensuada para los problemas hídricos de España

La directora general del Agua, Liana Ardiles, ha avanzado que, desde el pasado mes de julio, han celebrado 120 reuniones con las comunidades autónomas y las principales entidades y asociaciones representantes de los usuarios del agua, y que próximamente se iniciarán las negociaciones con los distintos grupos políticos, "en paralelo a los trabajos que se siguen manteniendo a nivel técnico".

En todo caso, ha señalado que como paso previo para poder plantear el Pacto, fue necesario acometer en la pasada legislatura un importante trabajo de planificación que culminó con la aprobación de los planes hidrológicos del segundo ciclo en todas las cuencas hidrográficas de competencia estatal y de sus programas de medidas.

El objetivo es que este próximo verano se llegue a un acuerdo que esté consensuado y refrendado por una amplia mayoría parlamentaria, y que cuente con el respaldo de los usuarios del agua. "El agua debe ser una auténtica política de Estado, consensuada, que dé estabilidad a las decisiones en materia de gestión más allá de cada ciclo de planificación y más allá de los cambios de Gobierno", ha resaltado la directora general del Agua.

Los instrumentos que permitirán desarrollar los acuerdos para implementar el Pacto Nacional por el Agua dependerán de su ámbito de aplicación. Así, podrán integrarse o bien en los planes hidrológicos de cuenca o bien podrían abordarse dentro de la legislación vigente, en el marco de una revisión del Plan Hidrológico Nacional. Las medidas necesarias para implementar el Pacto Nacional por el Agua, en todo caso, discurrirán en paralelo al proceso de revisión de los actuales planes hidrológicos de cuenca, que ya afrontan su tercer ciclo.

Tres ejes

El futuro Pacto Nacional por el Agua se basa en cuatro ejes fundamentales:

• El cumplimiento de los objetivos ambientales para la adecuada conservación de los ríos y ecosistemas acuáticos. El Ministerio plantea que"se adopten medidas destinadas a atender todos aquellos objetivos ambientales asociados al saneamiento y depuración en todos los ámbitos competenciales. En el ámbito del Estado, enmarcado en el Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficacia (Plan CRECE) que impulsa el Ministerio desde 2014 y que garantiza unas inversiones de unos 1.200 millones de euros hasta 2020. Además, el Ministerio también propone alcanzar una serie de acuerdos medioambientales para la protección de espacios emblemáticos en los distintos territorios así como avanzar en la concertación de los caudales ecológicos.
• Atención de los déficits hídricos, haciendo hincapié en las infraestructuras, la optimización de los regadíos, y la adopción de medidas encaminadas a conseguir un mayor ahorro de agua.
• Puesta en marcha de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, para mejorar la adaptación al cambio climático y llevar a cabo una serie de actuaciones estructurales en nuestras infraestructuras hidráulicas, así como poner en marcha una línea ambiental para impulsar proyectos de adaptación.
• Medidas en materia de gobernanza del agua, que garanticen el cumplimiento de los compromisos políticos y jurídicos asumidos con la Unión Europea, especialmente aquellos que doten al sistema español del agua de la suficiente estabilidad económico-financiera.