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El incumplimiento continuado de España con la normativa de depuración y saneamiento de la Unión Europea ya tiene coste: 22 millones de multa al año hasta 2022. España deberá pagar una multa coercitiva de 10,95 millones de euros al semestre, además de otra suma de 12 millones de euros por incumplir la normativa europea en 17 aglomeraciones urbanas. Esta situación se podría extender hasta 2022, cuando el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, prevé que estará terminada la última de las depuradoras prevista, en Barbate (Cádiz).
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha comparecido en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso para informar sobre las causas y las consecuencias de la sanción del Tribunal de Justicia de la UE del pasado mes de junio. Morán ha explicado que negocia con la UE el pago de la multa coercitiva y que la sanción de 12 millones de euros ha sido ya adelantada por el Estado, pero el Gobierno prepara un acuerdo para llevarlo al Consejo de Ministros y repercutir esa cantidad sobre las administraciones que han sido responsables de los incumplimientos.
Para hacer frente a esta situación, el Gobierno ya anunció el lanzamiento del Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (DSEAR) que incluye unas 3.500 actuaciones y una inversión estimada de 10.000 millones de euros en los próximos 18 años (dos terceras partes correspondientes a las comunidades autónomas).
De las 17 aglomeraciones urbanas afectadas por la sanción, 8 ya están en situación de cumplimiento, ha explicado Hugo Morán. Son las de San Pedro de Alcántara (Málaga), Noreste (en Valle de Guerra-Tenerife); Benicarló, Peñíscola (Castellón), Teulada Moraira (Rada Moraira, en Alicante), Aguiño-Carreira-Riberia (La Coruña), Santiago de Compostela y Vigo. De las nueve que siguen en situación de incumplimiento, cuatro han sido declaradas ya de interés general y el Estado está ya trabajando en ellas: Nerja (Málaga), Matalascañas (Huelva), Barbate (Cádiz) y Gijón Este. Las cinco restantes (Alhaurín el Grande y Coín, en Málaga; Isla Cristina, en Huelva; Valle de Güimar, en Tenerife; y Tarifa, en Cádiz) son de competencia autonómica. En el caso de Tarifa, ya existe la estación depuradora, pero las muestras que se han obtenido fuera del periodo estival, cuando la carga es más elevada, no satisfacen la directiva europea.
Lo peor de todo es que esta multa millonaria ha llegado finlamente tras múltiples avisos y cartas de emplazamiento y condenas sin multa económica por parte de Bruselas, pues la norma de cumplimiento data de mayo de 1991, por lo que son casi 30 años sin hacer caso a las directrices europeas, ni por parte del PP ni por parte del PSOE como ejecutivos gobernantes en estas tres útlimas décadas. España se suma a otros países de la UE (Bélgica, Luxemburgo, Grecia, Portugal e Italia). sancionados por estos mismos incumplimientos.
