El agua urbana necesita hasta 4.900 millones de euros en infraestructuras

Actualmente, en España se invierten unos 585 millones de euros al año en renovación de infraestructuras del ciclo urbano del agua, cuando las necesidades evaluadas ascienden a 2.221 millones. Esta cifra revela que urge realizar un esfuerzo inversor sostenido, ya que se está invirtiendo entre un 70% y un 80% menos de lo necesario, lo que conlleva un preocupante envejecimiento de las infraestructuras. Entre las medidas para afrontar el déficit de inversión resaltan el fomento de la agrupación municipal para ganar economías de escala; el establecimiento de una estructura de costes y tarifaria armonizada a nivel nacional, para lo que sería de utilidad un cuerpo regulador independiente y transparente; así como ajustes en la normativa de contratación pública.

Según AEAS y AGA, las necesidades de inversión en los sistemas de abastecimiento y saneamiento deberían incluirse como un elemento fundamental en los planes estratégicos de las diferentes administraciones involucradas en su desarrollo y conservación. La vía de financiación más factible sería una subida escalonada de tarifas que permita financiar las nuevas infraestructuras. Se estima que debería producirse una subida tarifaria desde los 2,2 euros/m3 actuales a los 3,6 euros/m3, en un periodo máximo de 10 años.

Estudio: Necesidades de inversión en renovación de las infraestructuras del ciclo urbano del
agua en España

Realizado por AEAS y la Cátedra Aquae de la UNED, con la colaboración de la Universidad Politécnica de Cataluña, este documento cuantifica y valora, a nivel nacional, las infraestructuras que soportan los servicios urbanos de abastecimiento y saneamiento, con el objetivo de determinar cuáles son las necesidades de inversión anuales necesarias para conseguir una gestión sostenible de estos servicios y afrontar retos futuros como la mayor exigencia de calidad o el cambio climático.

Actualmente, España tiene un amplio y potente patrimonio de infraestructuras en el que, para su renovación, solo se invierten alrededor de 585 millones de € anuales a través del sistema tarifario, junto a otros 80millones procedentes de presupuestos públicos. Los datos arrojados por este estudio cuantifican unas necesidades de inversión anuales en renovación de infraestructuras situadas en los 2.221 millones, alrededor de 48 euros per cápita y año. Estas cifras ponen de relieve que urge realizar un esfuerzo inversor sostenido, ya que, en la actualidad, se está invirtiendo alrededor de un 70% menos de lo necesario en la renovación de las infraestructuras del ciclo urbano del agua, lo que conlleva un progresivo y preocupante envejecimiento de las infraestructuras, junto a una fuerte obsolescencia técnica.

Asimismo, es muy importante que las necesidades de inversión en los sistemas de abastecimiento y saneamiento sean incluidas como un elemento fundamental en los planes estratégicos de las diferentes administraciones responsables o involucradas en su conservación y deben ser cuantificables en todos los ámbitos de gestión: municipal, supramunicipal, autonómico y nacional.  Para llegar a esta conclusión, el estudio realiza un exhaustivo y completo inventario de las redes e infraestructuras que componen el ciclo integral del agua urbana y obtiene del valor actual a nuevo, es decir el coste de reposición o lo que supondría instalar todo ese conjunto de activos o infraestructuras en el momento actual.

En ese sentido, los datos globales nacionales del inventario establecen que España cuenta con un rico patrimonio en infraestructuras del ciclo del agua urbana, con 23.789 km de red de aducción (tuberías destinadas a conducir el agua desde el punto de captación hasta la planta de tratamiento); 248.245 km de red de abastecimiento; 189.203 km de red de saneamiento; 1.640 estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP); 29.305 depósitos; 456 tanques de tormenta; y 2.232 estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR).

Estas infraestructuras muestran un valor teórico de instalación a nuevo de 5.138 millones de euros para la red de aducción; de 36.059 millones para la red de abastecimiento; de 128.917 millones para la red de saneamiento; de 7.454 millones para las ETAP; de 12.188 millones para los depósitos; de 1.413 millones para los tanques de tormenta; y de 14.466 millones para las EDAR. Estos valores, sumados a los 1.856 millonesde las estaciones de bombeo, arrojan un valor teórico total de activos de 207.492 millones de euros en el ciclo urbano del agua en España. (4.500 euros per cápita).

Cabe destacar que, para obtener las cifras globales en el ámbito nacional y autonómico, así como en función del tamaño de cada municipio, en el Estudio se han aplicado métodos estadísticos tanto en la obtención del inventario como en la estimación de los periodos de renovación.

Estudio: Hacia una financiación más eficiente de las infraestructuras del ciclo de agua urbana en España

Redactado por PwC a petición y con la colaboración de AEAS y AGA, este documento analiza los posibles mecanismos para aumentar la financiación en infraestructuras del ciclo urbano del agua en España. Además, pretende llegar a un consenso respecto a un "plan de medidas" que permita revertir la tendencia actual, promoviendo la sostenibilidad del sistema a largo plazo, de manera que se asegure, de una manera real y efectiva para una sociedad desarrollada, el Derecho Humano al Agua y transmita a las generaciones futuras las actuales calidades de prestación de los servicios de abastecimiento y saneamiento, y adaptarlas a los nuevos requerimientos y exigencias.

A partir de la crisis, los niveles de inversión en infraestructuras hidráulicas en España han disminuido drásticamente. En comparación con otros países europeos, nuestro actual grado de inversión es muy bajo, prácticamente menos de la mitad de nuestros homólogos. Así como otros países van aumentándolo, en España hay una fortísima reducción (2,5 veces menos en el periodo 2014-2017 respecto al 2007-2009). Además, España es el país europeo más vulnerable a los efectos del cambio climático, dado que ya presenta una elevados niveles de estrés hídrico y riesgo de desertificación. Además, actividades clave para la economía española como la agricultura o el turismo, son intensivas en consumo de agua.

Como se ha mencionado anteriormente, las necesidades de inversión en la renovación de infraestructuras supondrían un mínimo de 2.221 millones de euros al año. En relación a la obra nueva, la inversión necesaria para la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas relacionadas con el ciclo del agua asciende a 45.192 millones de € hasta 2033. Todas estas necesidades están planificadas y programadas en los diferentes Planes Higrológicos de Cuenca, aprobados en 2015, y que están siendo ajustadas y optimizadas en el denominado Plan DSEAR, lanzado por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Para el ámbito urbano se pueden resumir que, para el 2º Ciclo de Planificación correspondiente a 6 años -teóricamente desde el 2015 a 2021, ya sobrepasado y no cumplido- el importe destinado a obra nueva del ámbito urbano se sitúa en 11.800 millones de euros y que, básicamente, están recogidos en el capítulo de Objetivos Ambientales del mencionado Plan DSEAR. En el detalle y de forma anualizada, esta cifra supone una necesidad de inversión de 1.900 millones al año.

Asimismo, el sector del agua urbana considera que hay que invertir, adicionalmente, otros 300 millones anuales por nuevos requerimientos de calidad y 500 millones, que ya se cumplen, para la
mejora operativa de los servicios. Todo ello supone que se requiere una inversión anual total de 4.900 millones, 105 euros per cápita año, de forma sostenida, para cumplir los objetivos de depuración de aguas residuales, conservar el patrimonio existente y adaptarse a los requerimientos futuros como son una mayor calidad, adaptación a la economía circular y reforzar la acción contra el cambio climático.

Los países Top 10, según los datos de Global Competitiveness Index” del Fondo Económico Mundial, invierten per cápita 140 dólares al año. En años anteriores, de 2009 a 2015, solo se han invertido 2.400 M€, un 49% de las necesidades, habiéndose reducido drásticamente la aplicación presupuestaria en los últimos años, hasta llegar a cifras prácticamente irrisorias. Esto significa que, teniendo en cuenta el ritmo de inversiones realizadas en los últimos años, se está produciendo un déficit total de inversión de cerca de 2.500 millones al año.

También cabe destacar que España tiene una de las tarifas de agua urbana -que engloba el uso doméstico, industrial y comercial- más bajas de Europa, con un 45% por debajo de la media europea. En España existe de media un precio de 2,2 euros/m3 frente a los 3,5 euros/m3 de la Unión Europea. Además, si tomamos como referencia el ´esfuerzo´ económico que supone para los usuarios el pago de la factura, España sería el segundo país de la UE con menores índices de esfuerzo en el pago de su factura doméstica de agua, situación que contrasta con el gasto que realizamos en otros servicios o utilities como la electricidad o el teléfono. Así, nuestro esfuerzo se sitúa un -29% por debajo de la media europea en agua, frente a un +23% y un +25% por encima de la media en electricidad y telefonía, respectivamente. Se entiende como ´esfuerzo´ económico del ciudadano la relación entre lo que paga por el agua respecto a los ingresos que recibe (Consejo General de Economistas).

Ya que todo hace indicar que las diferentes administraciones públicas van a continuar teniendo restricciones presupuestarias y que el precio de nuestra tarifa está muy por debajo de la media europea, el estudio señala que la vía de financiación más factible sería una subida escalonada de tarifas que permita financiar las nuevas infraestructuras. Ello está en consonancia con los principios de la Directiva Marco del Agua del año 2000, que establece los principios de recuperación de costes, una adecuada contribución del usuario y de que quien contamina paga, y que siguen algunos de los países más avanzados del norte de Europa.

En ese sentido, estima que debería producirse una subida tarifaria controlada y progresiva para pasar, en menos de 10 años, desde los 2,2 euros/m3 actuales, a los 3,6 euros/m3, que llevaría a España a niveles similares a la media europea y permitiría dar cumplimiento a los preceptos de la DMA. Esto supondría que, de aquí a 10 años, la tarifa del agua debería incrementarse en un 63% si queremos garantizar la sostenibilidad de los servicios de agua, hacer frente a las inversiones necesarias y a las exigencias establecidas por la UE. Esta previsión no compromete el principio de asequibilidad del agua establecido por la ONU del 3% de la renta disponible de un hogar, ya que actualmente España se sitúa en el 0,9%.

Además, esta opción de subida escalonada de tarifas es compatible con los diferentes modelos de gestión de los servicios de agua urbana en España (público, privado o mixto) existentes en nuestro país y seguiría el modelo de la mayoría de los países del norte de Europa donde, de acuerdo a la DMA, el principio de recuperación de costes a través de la adecuada contribución del usuario, es la norma.

Asimismo, el estudio propone otra serie de medidas a corto, medio y largo plazo que permitan hacer frente al actual déficit de inversión en infraestructuras del ciclo urbano del agua. Entre ellas destacan las siguientes:

• Asegurar que las tarifas/cuotas de inversión sean finalistas, es decir, el dinero del agua sea para el agua.
• Incentivación de los modelos de agregación municipal, para ganar economías de escala, y apoyo a los municipios que deberán hacer separación de actividades.
• Ajustes en la normativa actual de contratación pública, tales como la adaptación de la tasa de retorno financiero, o una flexibilización en la revisión o actualización de tarifas, asegurando el control público, todo ello para fomentar las soluciones de financiación.
• Creación de un fondo nacional de carácter público-privado y abierto a la participación ciudadana, orientado a la financiación de proyectos de infraestructuras de agua urbana.
• Elaboración de una base de datos de carácter público a nivel tanto técnico/operativo como económico/financiero, que permita un benchmarking (comparación) transparente.
• Trasparencia en los programas y ejecución de inversiones.
• Establecimiento de un marco metodológico de cálculo de los costes y las tarifas urbanas de agua, armónico en todo el territorio nacional.
• Establecimiento de un cuerpo regulador.