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La vicepresidenta Teresa Ribera ha desgranado las prioridades del Gobierno en materia energética, medioambiental y reto demográfico, cuyo eje transversal será la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático -con una economía descarbonizada y resiliente al cambio climático-, la corrección de desequilibrios y la exigencia de poner a las personas en el centro de la transición energética, con especial atención a los consumidores y trabajadores más vulnerables. "Liderar la mitigación y la adaptación al cambio climático convertirá nuestra acción en una gran oportunidad para el progreso de nuestro país", ha dicho Ribera.
REFUERZO DE LA DEPURACIÓN Y EL SANEAMIENTO
Ribera ha señalado que debemos prepararnos para una relación distinta con el agua, pues el cambio climático obliga a planificar y gestionar de otra manera, teniendo en cuenta escenarios extremos y no solo promedio; entendiendo el recurso como único (aguas subterráneas, de superficie, desaladas o reutilizadas), y atendiendo especialmente a las cuestiones de calidad, lucha contra la contaminación, extracciones ilegales o amenazas a ecosistemas protegidos. A todo esto debe dar respuesta el nuevo ciclo de planificación hidrológica (2022-2027), para el que ya han comenzado los trabajos.
La vicepresidenta ha señalado como una de las grandes asignaturas pendientes en materia de agua el refuerzo de los sistemas de depuración y saneamiento, comprometiéndose a que a lo largo de este año se aprobará el Plan DSEAR (Plan de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización), cuyo borrador está ya concluido. El Plan recoge y clarifica las actuaciones a llevar a cabo, además de establecer los criterios generales (económicos, sociales y ambientales) que permitan estudiar la viabilidad de éstas y priorizar su ejecución.
RIESGO DE INUNDACIÓN
Para prevenir y reducir los riesgos asociados a las inundaciones derivadas del incremento de los fenómenos meteorológicos extremos se promoverá el desarrollo de soluciones innovadoras basadas en la reordenación de territorios inundables, la recuperación de riberas y meandros, y la ampliación de espacios fluviales e infraestructuras verdes.
Para ello, se está ultimando la revisión y actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas. También a lo largo de este año se revisarán los planes de gestión del riesgo de inundación (PGRI) vigentes (2016-2021) y se iniciará la redacción de los planes para el segundo ciclo (2022-2027).
NUEVO PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN
Ribera avanzó el desarrollo de un Nuevo Programa Nacional de Lucha contra la Desertificación para combatir los efectos de las sequías, prevenir la degradación de las tierras y estimular la recuperación de las tierras desertificadas.
Respecto a los incendios forestales, que causan anualmente importantes desastres humanos, daños sobre los recursos naturales y contribuyen a incrementar las emisiones de CO2, la vicepresidenta apostó por una correcta gestión forestal como mejor medida de prevención de incendios. Para ello, se revisará la Estrategia y el Plan Forestal desde una perspectiva transversal y se intensificará, en colaboración con las CCAA y con los representantes del sector, los trabajos para la conclusión de la Estrategia Nacional de Defensa contra Incendios Forestales, que está actualmente en fase de elaboración técnica y que pretende asegurar la coherencia en la gestión de los incendios forestales en España y reforzar los dispositivos de prevención y extinción de incendios en apoyo de las comunidades autónomas.
NUEVA RED DE VIGILANCIA METEOROLÓGICA
Las primeras actuaciones vendrán marcadas por laDeclaración de Emergencia Climática que el Gobierno aprobó el pasado 21 de enero, y que establece el compromiso de sacar adelante un paquete de 30 medidas, cinco de ellas en los primeros cien días: remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobar el II Plan de Adaptación al Cambio Climático, definir la senda de descarbonización a largo plazo para asegurar la neutralidad climática en 2050, crear la Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, que incluirá la participación de los jóvenes, e impulsar la transformación del modelo industrial y del sector servicios a través de Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento.
Anticiparse a la variabilidad del clima y a la emergencia climática y poder dar respuesta a eventos extremos exige, asimismo, aumentar la cooperación internacional, reforzar la observación y mejorar e incrementar las inversiones en los servicios meteorológicos. Por ello, Ribera anunció la puesta en marcha de una Red de Vigilancia Meteorológica para reforzar respuesta a situaciones de emergencia, a la que acompañará la creación de un Centro Regional del Mediterráneo y un Centro de Meteorología y Climatología Subtropical.
ESPAÑA VUELVE AL LIDERAZGO EN BIODIVERSIDAD
Ribera ha subrayado que 2020 es el año de la biodiversidad. Son múltiples los encuentros internacionales que abordarán la pérdida acelerada de riqueza natural a escala global. El más destacado, la 15ª Conferencia de las partes de la Convenio de Naciones Unidas de Diversidad Biológica (CDB). El objetivo que se ha fijado la ONU para 2030 es lograr la protección del 30% de la biodiversidad en la tierra y el océano, para lo cual ha establecido objetivos a lo largo de la presente década.
La vicepresidenta ha subrayado que España volverá a desempeñar un papel de liderazgo con vistas a alcanzar un acuerdo multilateral ambicioso en este ámbito, superando la frustración del incumplimiento de las denominadas Metas de Aichi. Según ha explicado, “debemos trabajar para que la próxima cumbre de CDB se comprometa a la cero pérdida neta de superficie e integridad de ecosistemas de agua dulce, marinos y terrestres para 2030, y aumentos de por lo menos un 20% para 2050, garantizando la resiliencia de los ecosistemas, entre otras cuestiones”.
En el ámbito nacional, el Gobierno se fija entre sus prioridades elaborar un Nuevo Plan Estratégico de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que permita anticipar con un horizonte a 2030 las medidas de conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad.
También se desarrollará un Plan Estratégico de Humedales, con el objeto de garantizar la conservación de estos ecosistemas y específicamente de humedales declarados de Importancia Internacional como son la Albufera de Valencia, el Delta del Ebro, las Tablas de Daimiel, Doñana y el Mar Menor, espacio sobre el que se ha adoptado una hoja de ruta que permitirá completar un plan de protección de la laguna que reforzará las líneas de acción que ya están en marcha en materias como control de la fertilización y extracciones de agua o medidas de carácter estructural.
La vicepresidenta Ribera también ha mencionado la próxima incorporación de la Sierra de las Nieves, en Málaga, a la Red de Parques Nacionales y el avance de los trabajos para que el Mar de las Calmas, en la isla canaria de El Hierro, se convierta en el primer Parque Nacional íntegramente marino en esta Legislatura. Asimismo, el Ministerio está ultimando la Estrategia de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas, que contribuirá a conservar y mejorar nuestro capital natural, evitando la fragmentación de ecosistemas y espacios protegidos.
OBJETIVO: PROTECCIÓN DEL 30% DE LA SUPERFICIE MARINA
La conservación de mares y océanos ha ocupado un espacio destacado en la comparecencia de Ribera, que ha fijado como eje de acción del Ejecutivo alcanzar el 30% de superficie marina protegida en la próxima década, en consonancia con las metas que se ha marcado Naciones Unidas. Entre otras cuestiones, se seguirán implementando las Estrategias Marinas de España, junto a sus programas de medidas, y se aprobará por Real Decreto el Plan Director de Áreas Marinas Protegidas.
Por otro lado, los últimos temporales han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la franja litoral y la necesidad de emprender reformas para su protección, tomando en consideración los impactos del cambio climático, la gestión integrada con la gestión de recursos hídricos o la aportación de sedimentos, entre otras cuestiones.
“Durante demasiados años, se ha producido cierta dejadez en la aplicación de la Ley de Costas de 1987. La modificación de la Ley de Costas en 2013 fue una gran irresponsabilidad pero, hoy en día, existe una mayor sensibilidad en la sociedad española y ello resulta decisivo para acometer determinadas reformas que no pueden esperar más”, ha apuntado.
El MITECO se fija como objetivo presentar, antes del año 2021, una Estrategia para la Protección de la Costa Española, que enmarque los planes de protección de cada tramo de costa, priorizando aquellos más afectados por el proceso erosivo, y que contemplará las medidas de gestión y las inversiones necesarias. Será necesario asimismo acometer una actualización de deslindes y mejorar la gestión de las solicitudes de ocupación de la franja litoral.
ECONOMÍA CIRCULAR, CALIDAD DEL AIRE Y MOVILIDAD
En este apartado, Ribera ha señalado que entre las primeras iniciativas que su Departamento presentará ante las Cortes estarán tanto el proyecto de ley de plásticos de un solo uso como el proyecto de ley de residuos, con medidas como la recogida separada de residuos textiles, adelantando calendario para biorresiduos, y estableciendo objetivos más ambiciosos de reciclado de residuos municipales. Todo ello, además, implica revisar la normativa en materia de depósito en vertederos, para lo que se ha elaborado un proyecto de Real Decreto que ya ha pasado su fase de consulta pública y continúa su tramitación.
La vicepresidenta también se ha detenido en la mejora de la calidad del aire y, en concreto, ha avanzado que antes de concluir el año se presentará el Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente, elaborado conjuntamente con el Ministerio de Sanidad. Entre sus objetivos estará la creación de una red de vigilancia de salud pública, de enfermedades transmisibles y no transmisibles, que están condicionadas por factores de riesgo ambientales y determinantes sociales.
EFECTOS Y DAÑOS DE LA BORRASCA GLORIA
Además de las líneas generales de actuación que pondrá en marcha su departamento en la nueva Legislatura, el objeto de la comparecencia era también explicar los efectos y daños causados por el temporal Gloria, que azotó las costas del Mediterráneo entre el 19 y el 24 de enero y que dejó un triste balance de 13 personas fallecidas y 4 desaparecidas, con cuyas familias Ribera manifestó la solidaridad y compromiso del Gobierno.
Este episodio fue el primero de 2020 pero el séptimo de la temporada. En este sentido, Ribera incidió en que estamos ante un fenómeno climático extremo en nuestras latitudes, pero que no será el único ni un evento aislado, pues los científicos nos alertan de que “estos fenómenos nos acompañarán con intensidad y frecuencia crecientes”.
La vicepresidenta repasó los daños que provocó este temporal en el Dominio Público Hidráulico –con daños y roturas en infraestructuras hidráulicas, formación de tapones y obstrucciones como consecuencia de los arrastres de vegetación de ribera, inutilización de elementos de presas, entre otros-; en la red eléctrica, con daños en instalaciones y cortes de suministro que afectaron, en mayor o menor medida, a usuarios de Cataluña, Aragón, Andalucía, Canarias, Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Región de Murcia; en las comunicaciones, con numerosos cortes en carreteras por inundaciones o por intensas nevadas, que dejó a pueblos aislados (sobre todo en Aragón) y retrasos en trenes de cercanías, suspensión de clases y de transporte escolar, y daños en el litoral mediterráneo.
En este sentido, la ministra ha explicado que el Gobierno acaba de declarar “de emergencia” las obras para reparar los daños provocados por Gloria para asegurar la ejecución de intervenciones sin demora, especialmente en los puntos afectados del Dominio Público Marítimo-Terrestre. Ante los daños del temporal, las reparaciones necesarias se han valorado en 19,75 millones de euros, que se destinarán a Islas Baleares (4,4 millones de euros), Cataluña (5,75 millones de euros) y Comunidad Valenciana (9,6 millones de euros), a lo que se suma las previsiones anteriores ya disponibles para la Región de Murcia.
Asimismo, el Gobierno trabaja para agilizar los trámites para que las ayudas lleguen cuanto antes a los vecinos, autónomos y negocios afectados para que las explotaciones agrícolas y ganaderas recuperen su normalidad productiva, así como restaurar el patrimonio cultural afectado y restablecer las infraestructuras antes de que comience la temporada turística de Semana Santa.
POLÍTICA ENERGÉTICA
La política energética del Gobierno está orientada a la consecución de los objetivos en materia de acción climática y ambiental de España, colocando al ciudadano en el centro del sistema energético, más diverso y participado.
Según ha explicado Ribera, la fuerte penetración de energías renovables es uno de los factores que explica la evolución de la factura en el último año. Los precios de la electricidad para el consumidor doméstico tipo han bajado desde que comenzó este Gobierno en junio 2018 de 60,33€ a 51,95€ mes. Esta señal de precios que se deja notar en el mercado mayorista de la electricidad, en el que a lo largo del año 2019 el precio ha bajado un 17%, y también se observa en los futuros de precios, que dan una señal todavía más baja para finales de 2020, que se sitúa en el entorno de los 40-42 euros el MWh.
La vicepresidenta ha destacado otra noticia clave del año pasado: los resultados “contundentes” del autoconsumo, que ha duplicado la potencia instalada este año. Además, se seguirá trabajando para lograr que las islas sean 100% renovables, en consonancia con los objetivos comunitarios. A tal efecto, en 2019 se han lanzado dos líneas: 80M€ para Canarias eólica y 40M€ para solar en Islas Baleares.
Las prioridades que se fija MITECO son el fomento del uso de energías renovables y su integración en redes inteligentes para la sustitución de la generación eléctrica convencional contaminante; el impulso de la electrificación de nuestra economía, la eficiencia energética como principio básico y eje transversal de la política energética, que requerirá mejoras en la planificación y prospectiva; y la priorización de los intereses del ciudadano-consumidor, siguiendo con los trabajos para reducir la pobreza energética, alcanzar precios de consumo eléctrico más competitivos -para ciudadanos y empresas- y activar el autoconsumo.
EL CIUDADANO, EN EL CENTRO
Ribera se ha detenido especialmente en las acciones vinculadas a la reducción de la pobreza energética y el empoderamiento de los consumidores, La solidaridad hacia los consumidores y trabajadores vulnerables, ha señalado, constituye el eje vertebrador de la política energética.
A tal efecto, y junto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se efectuará un seguimiento del mercado para identificar áreas de mejora que contribuyan a precios más competitivos para el consumidor final, se facilitará el acceso a los datos y se establecerá un sistema más inteligible de la factura energética.
En el caso del acceso y conexión, la regulación deberá ordenar las numerosas solicitudes de acceso a la red eléctrica por instalaciones de energías renovables, que están acaparando la capacidad de evacuación de la red. También es necesario optimizar los accesos existentes, incorporando otras tecnologías de generación mediante hibridación, o con el incremento de la capacidad de generación dentro de los límites de evacuación.
REDISEÑO DE LOS MERCADOS MAYORISTAS DE ELECTRICIDAD
La consecución de los objetivos en materia de transición energética requerirá también la revisión del diseño de los mercados mayoristas de electricidad. En este punto la vicepresidenta ha aludido a las nuevas subastas de renovables, que aportarán mayor certidumbre a los promotores facilitando el impulso a nuevos proyectos y trasladarán de manera más directa el menor coste de la generación renovable al precio final de la electricidad.
Asimismo, Ribera ha hecho hincapié en el potencial de la contratación bilateral de energía eléctrica (PPA), que eliminará barreras al despliegue de renovables a través de garantías públicas para la financiación y para ofrecer precios competitivos a la industria, y en el desarrollo de un mercado de capacidad para dotar de la necesaria seguridad de suministro a un sistema donde las renovables están ganando peso.
TRANSICIÓN JUSTA
Con las personas en el centro de toda la acción, la Transición Justa inspira el diseño de medidas de impulso, apoyo y acompañamiento para una buena parte de la población, especialmente aquellos grupos vinculados a los segmentos productivos sometidos a la transformación ecológica.
En este sentido, la vicepresidenta ha anunciado los próximos hitos programados en la agenda de Transición Justa iniciada en la anterior legislatura. En fechas próximas se va a proceder al lanzamiento del Instituto de Transición Justa, que se ha conformado sobre la base del actual Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC). El nuevo organismo centralizará las acciones del Gobierno en esta materia, ampliando su radio de actuación a más zonas en transición y a más sectores de actividad. El Instituto será el instrumento fundamental para la conformación y el seguimiento de los convenios de transición justa y el centro de la participación y el diálogo con los actores implicados.
También en las próximas semanas se hará público el calendario de firmas de los Convenios de Transición Justa que arrancará con la firma de protocolos de actuación en las 15 áreas geográficas identificadas desde la perspectiva de la Transición Justa.
RETO DEMOGRÁFICO
Para la vicepresidenta, asumir la competencia en materia de Reto Demográfico supone responsabilizarse de uno los compromisos más importantes adquiridos por el Gobierno en la última Conferencia de Presidentes de elaborar una Estrategia Nacional Frente al Reto Demográfico.
Las directrices generales recogidas en este documento no son un fin en sí mismas, sino el medio para alcanzar el objetivo fundamental, que es la igualdad de oportunidades y de derechos de las personas independientemente del lugar donde vivan. En este sentido, Ribera ha señalado que es preciso garantizar servicios, enfocar la acción y la gestión pensando en las necesidades y oportunidades de los municipios pequeños, con especial incidencia en la conectividad digital.
Ha anunciado que establecerá, con Comunidades Autónomas y Entidades Locales, un calendario de trabajo para aprobar objetivos, líneas de acción y compromisos en materia de prestación de servicios básicos de competencia autonómica y local en el territorio, como son sanidad, educación y servicios sociales, además de la definición de zonas de prioridad demográfica. Además, el Gobierno creará una Comisión Delegada para el Reto Demográfico.
Las líneas de trabajo que ha propuesto están orientadas a incorporar la perspectiva de reto demográfico a toda la acción de Gobierno, incorporando la perspectiva demográfica en las Memorias del Análisis de Impacto Normativo, elaborando una guía para la identificación de los impactos demográficos y la integración del factor reto demográfico en las licitaciones de los concursos de contratación pública.
Asimismo, se impulsará el RD 1234/2018 para la financiación de proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo, dirigidos a afrontar el reto demográfico en los municipios de menor población, favoreciendo oportunidades innovadoras de empleo y emprendimiento de jóvenes en el territorio. Se intensificarán los proyectos de formación y emprendimiento de la mujer en el ámbito rural y se pondrá en marcha un plan de vivienda en alquiler en el medio rural.
