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Al ritmo de inversión y contratación actuales será imposible alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por Naciones Unidas, según datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), la cual ha añadido que, para cumplir con dicha Agenda 2030, hace falta invertir, en los próximos diez años, al menos 103.000 millones de euros en diversas áreas prioritarias de mejora de la movilidad, el bienestar ciudadano y el desarrollo sostenible. Entre ellos, 5.253 millones de euros para garantizar la disponibilidad y gestión del agua y del saneamiento (ODS6), 2.898 millones de euros en mejorar la calidad de las redes de saneamiento, distribución y suministro de agua (ODS9), 4.453 millones en servicios de alcantarillado y depuración (OS11) y 2.910 millones de euros en infraestructuras para prevenir la desertización y la sequía y 938 millones en prevención de inundaciones (ODS15). En total casi 16.500 millones de euros de inversión en materia de agua.
La inversión pública en España sigue en niveles mínimos históricos, equivalente en términos de PIB al de 1980, y con el ratio inversor más reducido de la Unión Europea (UE). A pesar de la recuperación de la contratación pública del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 2019, el volumen contratado por las administraciones públicas en 2019 es de 9.890 millones de euros, un 42% inferior al realizado con anterioridad al inicio de la consolidación fiscal en 2010.
Para llegar al ODS 6 Agua limpia y saneamiento y terminar con 29 años de incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE de tratamiento de aguas residuales urbanas, habría que invertir 3.506 millones de euros en infraestructuras de depuración, ya que, actualmente, solo un 32% de nuestros municipios de más de 10.000 habitantes dispone de sistemas de depuración terciarios y las sanciones de la Comisión Europea (CE) desde 2018 representan 32,7 millones de euros. Además, se necesitan 1.747 millones de euros en infraestructuras para mejorar la gestión de recursos hídricos en materia de regulación y reutilización, y protección de los ecosistemas del agua.
Por otro lado, el ODS 15 reclama luchar contra la desertificación, la sequía e inundaciones que, en el caso de España, son causa de las mayores catástrofes naturales (los daños en bienes, personas y pérdidas pecuniarias ascienden a 5.320 millones de euros desde 1981). Además, el 72% de la superficie española sufre estrés hídrico severo y un 50% está en riesgo de desertización. Hacer frente a estos retos, requeriría invertir 2.910 millones de euros en infraestructuras para prevenir la desertización y la sequía, y 938 millones en prevención de inundaciones.
El ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura queda lejos si se tiene en cuenta que en el periodo 2008/2018 las pérdidas en distribución de agua han aumentado del 24% al 26% mientras que la inversión en la red se ha reducido un 40% (datos del Instituto Nacional de Estadística), que el déficit en conservación viaria implica deterioros en el pavimento en 1/13 km (datos de la AEC) o que España tiene la cuota de transporte ferroviario de mercancías más baja de la UE, únicamente el 1,7% del tráfico interior, aun siendo este medio de transporte 5 veces más eficiente que el resto de modos. Así, habría que invertir 2.898 millones de euros en mejorar la calidad de las redes de saneamiento, distribución y suministro de agua, 7.000 millones de euros en conservación de carreteras y 7.650 millones de euros en infraestructuras regionales y transfronterizas de transporte ferroviario de mercancías, conexiones ferro portuarias y logística.
Igualmente, España está lejos de alcanzar el ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles, ya que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, varias regiones españolas superan límites de contaminación anual (NO2 y PM2,5) además de que un 22% de las viviendas siguen sin servicios de depuración y un 4% sin servicios de alcantarillado. A pesar del incremento de la población urbana, se ha reducido a cero la inversión pública en transporte público -metro y cercanías- y los costes anuales de la congestión viaria en España representan 5.500 millones de euros. Asimismo, se depositan anualmente en vertedero el 60% de nuestros residuos urbanos y rechazos, el doble que las mayores economías europeas, habiendo sido condenados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la existencia de 88 vertederos incontrolados, cuyas sanciones podrían superar los 50 millones. Ante esta situación, se deberían destinar 30.776 millones en ampliar la infraestructura de transporte público, 27.034 millones en mejorar la movilidad en vías urbanas e interurbanas, 6.000 milones en crear infraestructura verde en el ámbito urbano, 6.521 millones en reducir el impacto de los residuos municipales y 4.453 millones en servicios de alcantarillado y depuración y mejora de las vías interurbanas regionales.
Para alcanzar el ODS 3 Salud y Bienestar es preciso reducir a la mitad las lesiones y muertes por accidentes de tráfico, que, según la Asociación Española de la Carretera (AEC) se concentran en un 78% en las vías convencionales, implicando un coste por daños personales de más de 10.000 millones/año. En este sentido, y debido a que las medidas regulatorias y de innovación enfocadas a mejorar la seguridad vial han tocado techo, tal y como refleja el hecho de que el número de fallecidos en carreteras se mantenga entre los 1.134 y 1.098 en el periodo 2013/2019, será necesario invertir en esta infraestructura 2.200 millones de euros.
Según Julián Núñez, presidente de Seopan, "la coyuntura de gasto y previsiones de nuestra agenda social (pensiones, salud y educación) no permite incrementar un 40% la inversión pública para cumplir dichos Objetivos, por lo que la única opción viable es recuperar el modelo concesional, en desuso desde 2012, y poner en valor los activos públicos que tenemos mediante la participación de los usuarios directos en su sostenibilidad económica, en particular nuestra red de carreteras, al igual que hacen el resto de países de la Unión Europea".
