El sector del agua urbana hace llegar a las administraciones su propuesta para la recuperación sostenible

En concreto, este documento se ha remitido a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital; a la ministra de Hacienda; a la ministra de Política Territorial; al presidente y otras autoridades de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); a las Diputaciones Provinciales y Forales; a los Cabildos Insulares; y a los diferentes grupos parlamentarios. Esta propuesta también fue remitida formalmente hace unas semanas a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, cuyas conclusiones fueron aprobadas la semana pasada.

El informe pone de manifiesto que, durante la crisis de la COVID-19, el sector ha logrado mantener unos servicios excelentes adaptándose a las condiciones surgidas por el estado de alarma, prestándose con garantías de seguridad y continuidad, tal y como corresponde a unos servicios públicos esenciales. Los servicios básicos y estratégicos, entre los que se encuentra el sector del agua, han adquirido una mayor relevancia convirtiéndose en un agente fundamental para garantizar la salud e higiene de los ciudadanos y fomentar un crecimiento sostenible que favorezca la mejora del medioambiente, además de contribuir a la recuperación social y económica generando empleo de calidad y apoyando a los colectivos en situación de vulnerabilidad.

El sector del agua como palanca de recuperación

Los operadores del agua plantean la necesidad de dar cumplimiento a unos objetivos que además de contribuir a la recuperación, conllevarían múltiples beneficios para el conjunto de la sociedad española:

• Cubrir el déficit de inversiones en el ciclo urbano del agua se estima que generaría el equivalente a más de 43.000 empleos anuales a tiempo completo en España. La inversión en infraestructuras de agua es una de las actividades más intensivas en empleo local.
• Adicionalmente tendría un efecto positivo en el crecimiento económico, equivalente al 0,15% de aumento anual del PIB, hasta los 1.800 millones de euros.
• Impacto positivo en las zonas despobladas, apoyando las acciones del reto demográfico.
• Finalmente, se obtendrían importantes beneficios medioambientales que permitirían que España convergiera con las mejores prácticas internacionales en materia de gestión de agua:
  • Fomentar el uso eficiente del agua. Reducción de las pérdidas en la red de distribución desde el 22% al 14%.
  • Mejorar el estado de las masas de agua. Cumplimiento total de la Directiva de Depuración y tratamiento de vertidos en tiempo de lluvia.
  • Garantizar los suministros, incorporando nuevos recursos. Mayor desarrollo de la reutilización, posicionando a España como un hub tecnológico en este tipo de actividad cualificada, que impulse una estrategia de economía circular.
  • Cumplimiento de los objetivos de descarbonización, profundizando en la relación agua-energía.
  • Reducción del riesgo de inundaciones, y otros fenómenos extremos, y mitigación de sus impactos.

Ante esta situación sin precedentes, el sector urbano del agua puede ser una pieza clave dentro de la estrategia europea de salida de la crisis de la COVID-19. Esta estrategia europea se basa en fomentar la economía circular, la transición ecológica, la digitalización, el big data y las nuevas tecnologías adaptadas, en lo que se ha venido a denominar el Green-Deal (Pacto Verde) europeo. La Comisión Europea ha formulado su presupuesto para el periodo 2021-27 en torno a este nuevo Green Deal. Si al presupuesto europeo le añadimos el fondo de reconstrucción europea, el resultado es una movilización de recursos que podría sumar 1,85 billones de euros.

Por su lado, el Gobierno de España ya anunció en enero un plan de renovación y rehabilitación de infraestructuras por 80.000 millones de euros y, tras la COVID-19, espera reforzar dicho plan captando hasta 140.000 millones de euros complementándolo con los fondos de recuperación europeos.

En este contexto, el sector del agua urbana presenta una serie de factores que le hacen idóneo para ser una palanca en la recuperación y un impulsor del Green Deal:

• Cuenta con la capacidad para generar empleo de calidad, estable y equitativo.
• Fomenta la sostenibilidad medioambiental: el agua juega un papel fundamental en la economía circular y España es el segundo país con mayor reutilización de agua a nivel mundial. Además, es un sector más sostenible que la media de la industria en términos de emisiones, con una huella de carbono inferior a la media de la industria española (produce el 28% de la energía consumida vs. el 6% de la industria) y cuenta con una mayor producción y uso de energías renovables. Asimismo, impulsa el consumo responsable de agua mediante la progresividad de las tarifas y las campañas de concienciación. Adicionalmente, el sector invierte activamente en mantener los ecosistemas y reduce la contaminación a través del saneamiento del agua.
• Es una industria socialmente responsable que apoya a los colectivos en situación de vulnerabilidad: cuenta con bonificaciones y fondos de solidaridad para apoyar a las rentas bajas, parados, jubilados o familias numerosas, de los que se benefician un 4,7% de los usuarios. Ante la nueva situación, el sector debe enfrentar el reto de garantizar su sostenibilidad teniendo en cuenta las previsiones de aumento de la población en potencial situación de vulnerabilidad.
• El ciclo urbano del agua invierte en los municipios menos poblados, contribuyendo a desarrollar su economía y frenar la despoblación. La inversión identificada por habitante es un 36% superior en municipios con menos de 20.000 habitantes respecto a los de mayor dimensión.
• Cuenta con la capacidad para canalizar inversiones en el corto plazo reactivando la economía. Existe una completa planificación y proyectos de ejecución. De hecho, existe consenso en que el sector urbano de agua tiene importantes necesidades de inversión con el fin de conseguir un servicio de mayor calidad, hacerlo más sostenible y reducir la contaminación. Es uno de los sectores que cuentan con un mayor déficit de inversión estructural en los últimos años. Antes de la crisis de la COVID-19, estas necesidades de inversión se cifraron en 2.500 millones de euros anuales para los próximos 10 años.

Actuaciones necesarias

Desde hace años, el sector del agua urbana viene reclamando la urgencia de realizar un esfuerzo inversor sostenido en infraestructuras del ciclo urbano del agua, ya que, actualmente la media anual de inversión real no alcanza el 50% de lo necesario. En ese sentido, el agua urbana necesita una inversión anual de 2.500 M€ adicionales, hasta los 4.900 M€/año, para garantizar la calidad, la sostenibilidad de los servicios y afrontar los retos futuros como el cambio climático o los más exigentes requerimientos regulatorios en materia de calidad del agua, potabilización, depuración y reutilización.

Es importante que las necesidades de inversión en los sistemas de abastecimiento y saneamiento sean incluidas como un elemento fundamental en los planes estratégicos de las diferentes administraciones responsables o involucradas en su administración, prestación y conservación, y deben ser cuantificables en todos los ámbitos de gestión: municipal, supramunicipal, autonómico y nacional. Se requiere aprovechar las oportunidades de inversión pública que puedan generarse, pero también impulsar la movilización de fondos privados y estimular las acciones económicas y financieras útiles y eficientes.

El sector del agua urbana puede movilizar con celeridad las inversiones que le sean asignadas. Muchas de las entidades y operadores, públicos o privados, tienen capacidad y pueden demostrar la solvencia oportuna para afrontar proyectos de corto, medio y largo plazo, incluyendo aquellos que requieren de eficientes y solventes modelos de alianzas, tales como la colaboración público-publica y especialmente la público-privada, donde la experiencia internacional ha demostrado ser exitosa.

Pero también se requieren unas reglas que garanticen una seguridad jurídica, la sostenibilidad económica, social y ambiental, y una coordinación con las entidades locales, autonómicas y centrales, que tengan por objetivo los principios de la Directiva Marco del Agua tales como la recuperación de costes, la contribución adecuada de los usuarios y el que contamina paga. También una orientación de las acciones dirigidas a la lucha contra el cambio climático, el progreso hacia una economía circular, la transición ecológica, el reto  demográfico, los ejes del Green Deal (Pacto Verde) europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Empleo cualificado y de calidad

En el contexto actual, el impulso del sector del agua urbana tendría como resultado apoyar una recuperación económica del país más justa y sostenible, generando actividades de alto valor añadido, a la vez que se ayudaría a crear empleo de calidad. Se estima que estas inversiones contribuirían a la generación de más de 43.000 empleos a tiempo completo, que el sector podría movilizar con celeridad. Para ello, se requiere aprovechar las oportunidades de inversión pública que pueden generarse, pero también impulsar la movilización de fondos financieros de mercado y estimular las acciones económicas y financieras eficientes. La recuperación pasa por fomentar mecanismos de colaboración entre las administraciones públicas y los agentes económicos, que contribuyan a lograr una salida equitativa y sostenible de la crisis.

El sector del agua ha demostrado su capacidad y eficiencia, su agilidad en la adaptación a los escenarios cambiantes y su cualificación en la gestión de los riesgos. Las instituciones y empresas que lo componen tienen prestigio internacional y algunos son líderes en tecnología y en servicios (desalación, reutilización o servicios integrales en el ámbito urbano). Sus objetivos y estrategias de gestión productiva o empresarial están perfectamente coordinadas con los ejes europeos y mundiales que, como se ha señalado anteriormente, se pueden resumir en el progreso en el cumplimiento de los ODS, la lucha contra el cambio climático, la adaptación a la economía circular, la transición ecológica o el desarrollo rural.

En definitiva, los beneficiarios de esta propuesta sectorial son y serán la sociedad española presente y futura, la justicia social, la recuperación económica general y el empleo de calidad.