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De todos los servicios que llegan a los domicilios, el agua del grifo es el más esencial. Su gestión corresponde a los ayuntamientos, que a veces la delegan o comparten con empresas privadas, y que son los responsables de fijar la estructura de las tarifas y los precios que se van a cobrar a los usuarios. Según el último estudio comparativo de precios del agua de la OCU, la factura anual para un hogar con un consumo normal, de unos 175 m3, oscila entre los 157 euros de Palencia y los 560 euros que cuesta en Sevilla. A estas grandes diferencias, la OCU alerta que, además, en 17 ciudades, las tarifas no están bien diseñadas para incentivar el ahorro de agua.
Cada pueblo y cada ciudad tiene sus precios y no es fácil compararlos, pero OCU lleva desde hace 11 años registrando y contrastando periódicamente el precio del agua de distribución en España. En esta ocasión, recoge los precios vigentes en octubre de 2020 en 50 capitales de provincia, Vigo, Gijón y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y los resultados revelan grandes diferencias entre ciudades, no siempre justificadas por la escasez del recurso, y estructuras tarifarias que no están diseñadas para promover el ahorro de agua.
De entrada, entender las tarifas del agua no es fácil para los consumidores. Normalmente las tarifas establecen unos costes fijos de acceso y una parte variable según el consumo. El precio del m3 se fija de manera lineal o por tramos o bloques (los metros cúbicos hasta cierto límite se facturan a un precio, los del segundo bloque a otro precio, normalmente más caro), con el fin de desincentivar el derroche de agua.
La factura de un hogar con un consumo medio (unos 175 m3 al año) es de 304,04 euros al año en promedio. Sin embargo, esta cifra esconde grandes diferencias: en Palencia, Orense, Guadalajara o Soria la factura media anual no alcanza los 180 euros, mientras que en Barcelona, Murcia o Sevilla supera los 500 euros. Así, una familia sevillana que gaste al año exactamente la misma cantidad de agua que una palentina pagará 560 euros en lugar de 157 euros, un 257% más.
¿Por qué tantas diferencias?
El elevado precio en algunas ciudades puede explicarse por las mayores dificultades de abastecimiento, pero esta limitación del recurso solo debería afectar a la parte de la factura que se refiere al suministro, y no debería repercutir en el coste del alcantarillado o la depuración. Además, el peso de estos conceptos dentro del recibo varía mucho. En Valencia, por ejemplo, el 10% se relaciona con el equipo de contador, un concepto que en 21 ciudades ni siquiera se cobra.
Comparadas con las tarifas de 2016, existe una ligera subida media, del 1,4%, que no puede considerarse exagerada teniendo en cuenta que el IPC fue un 3,8% en ese mismo periodo. La subida más llamativa se registra en Segovia donde el fijo de suministro ha pasado de 14,91 a 45 euros al año y la factura total sube un 30%.
Más de la mitad de las ciudades no promueven el ahorro
Si se compara el precio por metro cúbico que pagaría un hogar con un consumo muy moderado de 75 m3 con lo que pagaría otro hogar con gasto elevado de 300 m3, se observa que en Girona, Málaga o Barcelona, el precio de los consumos altos se dispara: un 953%, 647% y 625% respectivamente, con lo que se premia el ahorro y se penaliza el gasto elevado. Pero no sucede así siempre, ¿por qué?
El resultado es que hay ciudades donde el precio del metro cúbico, teniendo en cuenta todos los conceptos de la factura, resulta más bajo cuando se gasta mayor cantidad de agua: esto ocurre en ciudades con tantos habitantes como Madrid, Valencia o Bilbao, donde se usan millones de metros cúbicos.
Bono social y familias numerosas
Penalizar el consumo excesivo de agua es positivo y es una buena herramienta para incentivar el ahorro, pero hay que tener en cuenta que un consumo alto no implica necesariamente un derroche: las familias numerosas y los hogares en los que conviven muchas personas pueden gastar muchos metros cúbicos a pesar de poner en práctica hábitos de ahorro de agua. Por eso, bastantes ayuntamientos ofrecen tarifas especiales para hogares o familias numerosas, cuya ventaja suele consistir en reducir el impacto de las tarifas por bloques.
Tampoco hay que olvidar que el agua es un bien de primerísima necesidad al que cualquier ciudadano debe poder acceder. Por eso, hay también tarifas sociales para personas de bajos ingresos, similares al bono social eléctrico, aunque tal vez menos conocidas. Para acceder a ellas se suele exigir que los ingresos no superen el SMI y acreditarlo documentalmente. El porcentaje de rebaja depende del municipio.
