Acciona mejorará la depuración de Portugal
2024-11-23
Empresas Premium
El Real Decreto-ley de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes aprobado el martes 22 de diciembre de 2020 por el Consejo de Ministros amplía la prohibición del corte de suministros de electricidad, agua y gas natural a los consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).
Con este RD-ley, el Miteco refuerza las medidas para consolidar de manera eficaz la protección de los consumidores vulnerables, en línea con el marco efectivo desarrollado para identificar y reducir de forma estructural el fenómeno de la pobreza energética. Para acreditar la condición de consumidor vulnerable ante las empresas suministradoras de agua y gas natural bastará la presentación de la última factura de electricidad en la que se refleje la percepción del bono social de electricidad.
"Este es un decreto-ley para ofrecer garantías adicionales desde una perspectiva equilibrada para aquellas personas vulnerables que sufren por su situación, por su hogar. Garantizamos que mientras dure el estado de alarma aquellos consumidores considerados vulnerables sigan contando con total tranquilidad en sus hogares con los suministros de agua, luz y gas", ha señalado la vicepresidenta Teresa Ribera.
Mientras esté vigente el actual estado de alarma no podrá suspenderse el suministro de agua, energía eléctrica y gas natural a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social definidas en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos.
También será de aplicación la prohibición de la suspensión de suministro para aquellos consumidores que, no pudiendo acreditar la titularidad del contrato de suministro ni, por tanto, acceder a la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo, cumplan con el resto de requisitos establecidos en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, mediante acreditación por certificación de dicha circunstancia por los servicios sociales competentes o por mediadores sociales ante la empresa suministradora.
Además, el periodo en el que esté en vigor esta medida no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago establecidos en la normativa vigente.
A los efectos de lo previsto en esta nueva regulación, serán mediadores sociales las entidades del tercer sector de acción social que tengan la consideración de entidades del tercer sector colaboradoras de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. El tratamiento de los datos personales de los consumidores por parte de los servicios sociales competentes o, en su caso, por los mediadores sociales, así como de las empresas suministradoras, se hará con el consentimiento del consumidor y de conformidad con lo previsto en la normativa sobre protección de datos personales.
La medida aprobada consolida la garantía de suministros a los consumidores vulnerables. Su urgencia viene justificada por el carácter esencial de estos suministros para los hogares en la proximidad del invierno, que coincide con la época del año en la que mayor consumo energético se produce, y por la situación excepcional derivada de la crisis sanitaria y económica.
En ese sentido, cabe recordar que el suministro de agua está garantizado para toda la población y, especialmente, para los consumidores vulnerables, tal y como ha asegurado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que ha garantizado, a través de los ayuntamientos, que no se produzcan cortes de agua por falta de pago a ninguna persona vulnerable.
