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La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha trasladado a las comunidades autónomas el reparto territorial y la asignación definitiva de los 581 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para inversiones en materia de saneamiento y depuración de aguas, gestión de residuos y conservación de la biodiversidad, según lo acordado por el Consejo de Ministros del pasado 23 de marzo.
En el transcurso de la reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, principal órgano de cooperación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en materia medioambiental, Ribera ha detallado a los representantes territoriales los porcentajes y cantidades correspondientes en cada una de las líneas de actuación previstas en el Plan de Recuperación, en consonancia con los criterios trasladados en la anterior reunión de la conferencia celebrada en el mes de enero.
Este primer paquete, con incidencia en el territorio y efecto capilar, es coherente con los requisitos de la Unión Europea para que al menos el 37% de los recursos del plan de recuperación se destinen a descarbonización y a transición ecológica, y el 100% cumplan con el principio de no dañar el medio ambiente, según ha explicado la vicepresidenta Ribera.
Bajo este principio opera la partida de 100 millones de euros destinados al saneamiento y depuración en pequeños núcleos de población. El objetivo es impulsar las inversiones para que las aglomeraciones urbanas comprendidas entre los 2.000 y los 5.000 habitantes equivalentes puedan cumplir con las obligaciones establecidas en la directiva sobre tratamiento de aguas residuales. Incluidas en el componente de preservación del litoral y recursos hídricos del Plan de Recuperación, estas ayudas deben asegurar en todos los casos el cumplimiento de la directiva, promover la innovación tecnológica y contribuir a los objetivos del reto demográfico.
En la reunión también se ha comunicado a las comunidades la distribución de las subvenciones dirigidas a financiar inversiones en materia de gestión de residuos por importe de 421,12 millones de euros con el siguiente reparto territorial:
Con dichos créditos las comunidades autónomas podrán financiar acciones para implantar nuevos sistemas de recogidas separadas, especialmente biorresiduos, y mejora de los existentes; construcción de instalaciones para tratamiento de biorresiduos recogidos separadamente; construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos recogidos separadamente, inversiones relativas a instalaciones de recogida (como puntos limpios), triaje y clasificación (envases, papel, etc) y mejora de las plantas de tratamiento mecánico-biológico existentes y para la preparación de CSR (Combustible Sólido Recuperado).
Del total de las ayudas en materia de residuos, 416,25 millones corresponden al Plan de Recuperación, 1,87 millones al programa de Economía Circular, y el resto al PIMA Residuos. Los criterios para el reparto territorial de estas cantidades tienen en cuenta la generación de residuos municipales, la distancia de cada comunidad autónoma respecto al objetivo de preparación para la reutilización y el reciclado para 2025 y su densidad de población.
En materia de conservación de la biodiversidad se ha acordado el reparto de 60 millones de euros en actuaciones de corrección de unos 20.000 puntos de tendidos eléctricos para evitar daños a las aves. La electrocución de la avifauna en estructuras de conducción eléctrica se ha convertido en el principal problema de conservación para muchas de las especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Asimismo, se ha informado a los consejeros de un nuevo paquete de inversiones para 2021 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sobre el que ya se está trabajando. Estas inversiones se materializarán a través de convocatorias de ayudas y tienen que ver con intervenciones en mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes en pequeños y medianos municipios (de menos de 20.000 habitantes), para lo que hay previsto una partida de 100 millones de euros; y actuaciones de protección y adaptación al riesgo de inundación e integración ambiental en núcleos urbanos (75 millones).
El objetivo de esta segunda línea es ejecutar una serie de proyectos de restauración fluvial y protección frente a inundaciones en los entornos urbanos, que pongan en marcha soluciones basadas en la naturaleza y que permitan mejorar el estado de los ríos y fomentar la adaptación al cambio climático.
Además, en materia de conservación de biodiversidad terrestre y marina existe un presupuesto para 2021 para financiar actuaciones competencia de las comunidades que aún se están definiendo; acciones para la conservación de la biodiversidad en las 52 Reservas de la Biosfera existentes en España y en la Red de Parques Nacionales y sus Áreas de Influencia Socioeconómica.
Además, en la reunión de hoy se han abordado los criterios de reparto y la distribución territorial de créditos relativos al plan PIMA Ecosistemas. El objetivo de este plan es fomentar y apoyar la adaptación al cambio climático en los ecosistemas forestales y agrarios, potenciando las sinergias con las estrategias de mitigación, y obteniendo beneficios adicionales en materia de conservación o mejora de la biodiversidad o en la lucha contra la desertificación.
La dotación presupuestaria del PIMA Ecosistemas es de 8,3 millones de euros, que deben destinarse a la realización de actuaciones piloto de carácter innovador en ecosistemas agrícolas y forestales con beneficios en mitigación y adaptación al cambio climático. Es interesante y recomendable que las comunidades, municipios y entidades locales sumen financiación adicional, propia o de otras entidades, pudiendo así abarcar proyectos de mayor envergadura, complejos e integrales.
Como las competencias en las materias de agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía, los montes y aprovechamientos forestales y la gestión en materia de protección del medio ambiente, corresponde a las comunidades autónomas se ha diseñado un modelo para la concesión de estas ayudas basado en la colaboración con las comunidades y ciudades autónomas, que desarrollan la tramitación y asumen la gestión de los créditos y su distribución en su territorio.
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