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El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) abre el periodo de información pública para la revisión y actualización de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI), una herramienta fundamental para la previsión y adaptación a posibles escenarios de avenidas o inundaciones.
La inversión prevista en las demarcaciones intercomunitarias para este segundo ciclo, correspondiente a los próximos seis años, es de 2.000 millones de euros, lo que significa un incremento de más del doble respecto al presupuesto de los planes de primer ciclo, vigentes actualmente y aprobados en 2016. En concreto, se destinarán 678 millones de euros a medidas periódicas de carácter anual y 1.322 millones para acciones puntuales con la siguiente distribución por demarcación hidrográfica:
Estos planes, que acompañan a los Planes Hidrológicos de tercer ciclo, estarán en consulta pública durante los próximos tres meses. Los interesados podrán enviar comentarios y alegaciones a estos documentos en las páginas web de cada uno de los organismos de cuenca, recogidos en el este enlace.
El principal objetivo de estos Planes es lograr una actuación coordinada entre las administraciones y la sociedad para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones. Para ello, estos documentos recogen medidas para todas las fases del ciclo de gestión del riesgo (prevención, protección, preparación y recuperación).
La preparación ante las inundaciones, el incremento de la percepción del riesgo, la adopción de estrategias de autoprotección y una mayor sensibilización son esenciales para aplicar con éxito las medidas que se contemplan en el PGRI, por lo que una de las acciones más importantes previstas en este ciclo es la elaboración e implantación de una Estrategia Nacional de Comunicación del riesgo de inundación y adaptación al cambio climático.
Para este segundo ciclo de los PGRI se ha mejorado también la identificación de los elementos en riesgo (hospitales, colegios, centros de mayores, lugares de concurrencia pública destacada, instalaciones de energía, infraestructuras ferroviarias, aeroportuarias, etc.) en estrecha colaboración con las autoridades de Protección Civil, siendo ahora la información que ofrecen los mapas de riesgo más precisa y ajustada a las necesidades de la gestión en la emergencia. En concreto, se han localizado 985 centros educativos, 358 centros asistenciales, 45 hospitales y 9 aeropuertos en las zonas inundables de mayor riesgo, el doble de las que se habían identificado hasta el momento.
Esta mejora de conocimiento ha supuesto, además, una determinación más precisa del número de habitantes que pueden verse afectados. Se estima que en todas las cuencas intercomunitarias puede haber 2.730.000 personas viviendo en las zonas inundables de mayor riesgo.
Los PGRI también profundizan en el estudio del impacto del cambio climático, de acuerdo con la Directiva de Inundaciones y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que establece que la planificación debe tener en cuenta los riesgos derivados del incremento en la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos asociados al cambio climático.
Estos planes suponen la consolidación de los programas de adaptación al riesgo de inundación e incluyen el desarrollo de programas específicos para el incremento de la resiliencia en los sectores o ámbitos territoriales más afectados. Para ello, contemplan la aprobación de reales decretos de ayudas como el que ya existe para diversos municipios del Campo de Cartagena (Real Decreto 1158/2020, de 22 de diciembre).
Uno de los aspectos fundamentales para la reducción de daños por inundaciones es la anticipación al episodio mediante la predicción de avenidas y sistemas de alerta. En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) destinará más de 55 millones de euros en este ciclo para disponer de una red de observación radar de última generación con el fin de responder con la máxima precisión posible a las necesidades de predicción de fenómenos meteorológicos extremos.
Por otro lado, en este segundo ciclo está prevista la implantación de dos herramientas que contempla la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil: la Red Nacional de Información sobre Protección Civil (RENAIN), que tiene como objetivo interconectar todos los datos e informaciones necesarias para garantizar respuestas eficaces por parte de las administraciones competentes ante una inundación; y la Red de Alerta Nacional (RAN), que será el sistema de comunicación de avisos de emergencia, así como de alertas meteorológicas e hidrológicas.
Los PGRI prevén una inversión de más de 100 millones de euros para la modernización y optimización de las redes de control, el incremento de puntos de medición y el desarrollo de herramientas informáticas necesarias para mejorar la gestión de los recursos hídricos en situación de avenida.
Los nuevos Planes también contemplan medidas para mejorar el estado de las masas de agua, enfocando la gestión del riesgo de inundación hacia acciones sostenibles y eficientes. Además, potencian la ejecución de medidas que incrementen el espacio fluvial, la recuperación de hábitats, la creación de llanuras de inundación y retranqueo o la eliminación de obras de protección obsoletas o con poca funcionalidad, todo ello en coordinación con la planificación hidrológica y la protección de los ecosistemas. Para esto se prevé la ejecución de más de 100 nuevos proyectos con un importe de aproximadamente 570 millones de euros, lo que supone un 30% de la inversión.
Una de las novedades de los PGRI es el desarrollo de un Programa de continuidad de sedimentos para profundizar en el conocimiento de las alteraciones en la dinámica sedimentaria y los desequilibrios geomorfológicos que se producen en las cuencas, caracterizar y cartografiar estos procesos, identificar zonas donde los problemas sean más acusados y, finalmente, aplicar medidas para mitigarlos.
En la revisión de los PGRI de segundo ciclo se presentan a consulta pública los resultados de los estudios de coste beneficio de las principales 30 obras de protección de inundaciones de interés general.
Los Planes también incluyen la ejecución de actuaciones que reducen la peligrosidad de forma puntual en zonas generalmente urbanas o que tienen una afección sobre infraestructuras que afectan a la seguridad de las personas. Está prevista la ejecución, en una primera fase, de las actuaciones prioritarias que cuentan ya con estudios de coste beneficio favorables publicados en estos planes, a las que se irán sumando las actuaciones que se vayan estudiando y desarrollando durante este ciclo, con un total de inversión estimado en unos 600 millones de euros.
Las principales novedades se pueden consultar en el Resumen ejecutivo de los PGRI de segundo ciclo en las cuencas intercomunitarias.
