El Consejo Asesor de Medio Ambiente analiza medidas para mejorar la gestión del agua en España

Para reforzar los compromisos españoles con los objetivos europeos y la adaptación al cambio climático, la vicepresidenta ha insistido en la necesidad de poner en marcha los planes hidrológicos de tercer ciclo, una herramienta clave para abordar la gestión del agua en los próximos seis años. Estos planes permitirán priorizar los usos del agua, gestionar las grandes avenidas y sequías, y definir unos caudales ecológicos que aseguren la protección de las aguas y sus ecosistemas.

La aprobación de la nueva planificación conlleva una tramitación compleja. Después de muchos meses de trabajo por parte de las confederaciones hidrográficas, que han analizado exhaustivamente las alegaciones recibidas en los seis meses de consulta pública, los planes han llegado al Ministerio con el informe de los Consejos del Agua de las demarcaciones para continuar su tramitación en sede ministerial.

Junto a ellos, y también como punto importante, se ha informado de los avances en la actualización de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI). Estos planes tienen como principal objetivo la reducción del riesgo frente a avenidas a través de la mejora del conocimiento, el incremento de las aplicaciones tecnológicas, las soluciones basadas en la naturaleza y la mayor coordinación con entre administraciones. Además, los PGRI de segundo cuentan con una inversión de unos 2.000 millones de euros, duplicando el presupuesto de los planes de primer ciclo, e incluyen medidas para todas las fases del ciclo de gestión del riesgo -prevención, protección, preparación y recuperación-. Estos planes están ya siendo analizados por las autoridades de Protección Civil y se deberán someter también al informe del Consejo Nacional del Agua.

Convocatorias para la digitalización del ciclo del agua

Avanzar hacia la digitalización del ciclo del agua, incorporar nuevas tecnologías y herramientas de información en la gestión hídrica y aumentar el conocimiento de los usos y demandas del recurso, mejorando así la gobernanza y la transparencia del sector, son los principales objetivos del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 22 de marzo.

Durante este mes se han llevado a cabo varios avances, destacando la preparación del primer paquete de 100 millones de euros destinados a las comunidades autónomas que se repartirán en la próxima Conferencia Sectorial y que irá destinado a la digitalización de los organismos de cuenca intracomunitarios y a apoyar la digitalización del ciclo del agua en municipios menores de 20.000 habitantes.

También está ya muy avanzada, y espera publicarse a lo largo del verano, la convocatoria para proyectos de digitalización, con un importe total de 200 millones de euros, además de las mejoras normativas tanto en la Ley de Aguas como en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico o la nueva transposición de la directiva de aguas potables, presentada hoy también por el Ministerio de Sanidad. Este último ministerio, junto con el de Agricultura, Pesca y Alimentación, hasn estudiado los criterios para la calidad de las aguas de consumo y las medidas para la aplicación Política Agrícola Común y la modificación de la Orden que regula la reserva marina y de pesca en el entorno de la isla de Alborán.

Embalses y generación energéticas

En la reunión se ha informado también sobre la situación del proyecto de Real Decreto por el que se establece el régimen de instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en el dominio público hidráulico, una medida urgente incluida en el plan nacional de respuestas a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. Esta iniciativa, que permitirá aumentar la capacidad de generación eléctrica de origen renovable y, por tanto, supone un impulso al proceso de transición energética, acaba de terminar su plazo de consulta pública, habiéndose recibido más de un centenar de alegaciones. Todos los comentarios están siendo analizados con el objetivo de alcanzar un amplio consenso entre los diferentes agentes implicados.

Otros asuntos

El CAMA también ha abordado el proyecto de real decreto que regula las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), ahora en información pública, un documento que establecerá los requisitos mínimos que deben cumplir estos espacios. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece que los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de contaminantes regulados deberán adoptar antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible para introducir medidas de mitigación y reducir las emisiones de la movilidad, incluyendo, entre otras, el establecimiento de estas zonas.

El proyecto de real decreto establece los requisitos mínimos que deben cumplir las zonas de bajas emisiones en materia de calidad del aire, cambio climático, impulso modal, eficiencia energética y ruido. La norma prevé también a necesidad de adoptar medidas de coordinación entre municipios, incluyendo la posibilidad de establecer zonas de bajas emisiones supramunicipales. Según ha manifestado Ribera, estas Directrices han sido muy bien acogidas y se han convertido en el documento guía para los municipios que están trabajando en sus ZBEs, si bien muchas entidades locales obligadas carecen todavía de proyectos de este tipo en estado avanzado. Asimismo, la vicepresidenta ha trasladado al Consejo que la correcta implantación de estos espacios permitirá mejorar la calidad del aire, del medio ambiente sonoro y la salud de los ciudadanos, y contribuirá a la mitigación del cambio climático.

Teresa Ribera también ha informado sobre las líneas de trabajo del Proyecto de modificación del real decreto relativo a la mejora de la calidad del aire y el reglamento de emisiones industriales. La norma fue sometida a información pública entre el 28 de enero y el 21 de febrero y próximamente será remitida al Consejo de Estado para su posterior aprobación definitiva por el Consejo de Ministros.

En materia de calidad del aire, esta modificación pretende recoger en la mencionada normativa lo dispuesto en el Plan Marco de acción a corto plazo en caso de episodios de contaminación por partículas inferiores a 10 micras (PM10) y 2,5 micras (PM2,5), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3) y dióxido de azufre (SO2), facilitando un marco de actuación común para las diferentes administraciones públicas. La vicepresidenta ha recordado que el fin último es evitar que se alcance el umbral de alerta establecido en la legislación y reducir el número de ocasiones en que se superan los valores límite.

Por su parte, la modificación del reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación pretende favorecer una mayor difusión de las autorizaciones ambientales integradas y reducir su plazo de revisión.

Por otro lado, se ha informado al Consejo sobre el proyecto de Estrategia de Lucha contra la desertificación en España, documento que fue lanzado este martes a información pública y que intenta atajar uno de los problemas más acuciantes en la España mediterránea, provocando degradación de las tierras e impactos negativos en la biodiversidad y la productividad de los suelos, así como en la provisión de los demás servicios ecosistémicos. De este modo, la Estrategia propone un marco de actuaciones y medidas para fomentar la planificación y gestión integrada del territorio y reforzar el papel de la gestión y uso sostenible de los recursos de la tierra en la lucha contra este problema. Por un lado, se trata de mejorar y reforzar las metodologías y herramientas necesarias para evaluar y dar seguimiento al riesgo de desertificación. Por otro, elaborar pronósticos de acuerdo con los diferentes escenarios climáticos y socioeconómicos como instrumento para definir y priorizar estas actuaciones.

Finalmente, también se ha abordado el estado de las negociaciones de la propuesta de reglamento de lucha contra la deforestación importada. Esta propuesta, realidad por la comisión europea busca frenar el efecto que produce la deforestación mundial sobre ciertos productos comercializados por la UE. De este modo, plantea imponer requisitos a determinadas materias primas como ganado vacuno, cacao, café caite de palma soja y madera, entre otros. Por ello, entre otras medidas, se propone que los importadores, productores, exportadores y grandes comerciantes europeos que operen con alguna de estas materias primas y sus productos derivados tengan que disponer de un sistema de diligencia debida que demuestre que las materias primas con las que comercian se han producido de forma legal y sin causar deforestación. Este sistema busca mejorar la trazabilidad para que se vincule la mercancía con la parcela de tierra donde se produjo, geolocalizando dicho luchar y haciendo comparativas cartográficas para ver que no existe un cambio de bosque a uso agrícola.