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La Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (Asagua), formada por empresas de base tecnológica dedicadas a la construcción de infraestructuras del agua y a su operación, ven insuficiente la regulación de la revisión de precios (Reales Decretos Ley 3/2022 y 6/2022) surgidos para compensar las excepcionales subidas de los precios de las materias primas y la energía, por lo que solicitan su extensión a todos los contratos, tanto de obras como de servicios.
La revisión de precios en los términos del Real Decreto Ley 6/2022 solo se aplica a los contratos de obra. Es por ello que Asagua solicita su extensión a todos los contratos, tanto de obras como de servicios, e incluir el término de energía en las fórmulas de revisión, excluido de esta normativa y que tanto peso tiene en los contratos de operación. La asociación cree que lo idóneo es volver a la aplicación universal de la revisión de precios, realizando las modificaciones necesarias en la Ley de Desindexación y su Reglamento.
Durante la celebración de su Asamblea Anual, Asagua ha destacado que sus esfuerzos en el último año se han centrado en trabajar para que los pliegos de cláusulas administrativas particulares devuelvan a la memoria técnica su valor como criterio esencial en la búsqueda de la mejor oferta amparada en la mejor relación calidad-precio, en el convencimiento de que el precio no puede ser el criterio decisivo y decisorio de la adjudicación.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobado en abril de 2021, ha sido objeto de críticas por la opacidad de su gestión y por su poco impacto en el tejido empresarial. Con el fin de tramitar las inversiones, subvenciones y demás ayudas con cargo al Plan de Restauración, Transformación y Resiliencia, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) creó el Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia (FRER) en agosto de 2021, que hasta ahora no ha tramitado ninguna actuación.
Asagua considera que, teniendo en cuenta que las fuentes de inversión van más allá de los Presupuestos Generales del Estado, lo primero y más importante es invertir en plazo y en actuaciones necesarias los recursos de los Fondos Next Generation y los procedentes de los Planes Hidrológicos de Cuenca, una inversión que en su conjunto supera los 24.000 millones de euros en seis años. Esos fondos proceden de los Planes Hidrológicos de Cuenca (20.000 M€ a invertir por las distintas administraciones hidráulicas), de los Fondos del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (1.700 M€), de los Presupuestos Generales del Estado (Los Programas 452 A Gestión e Infraestructuras del Agua y 456 A Calidad del Agua suponen 443,9 M en 2022, más los que se aprueben en los sucesivos ejercicios) y del PERTE del Agua (1.600 M procedentes de los FRTR a los que se añaden otros 1.020 M procedentes de otros fondos).
Afrontar con éxito este reto demanda una reforma importante y urgente de las instancias administrativas encargadas de la licitación y del reparto de subvenciones procedentes de las fuentes económicas citadas; reforma que debe ir más allá de la prevista por el Gobierno en el PRTR.
En este sentido, recuerda que el desarrollo de las licitaciones, desde su publicación hasta la adjudicación del contrato, ocupa desde seis meses hasta un año, mínimo. El proceso conlleva una fuerte carga de trabajo y precisa de un equipo experimentado de administrativos y técnicos, lo que "nos lleva a cuestionarnos si estos equipos serán capaces de sacar adelante tal carga de trabajo con las dotaciones actuales, de ahí la necesidad de la reforma. A este tiempo hay que sumar el que media entre la idea de acometer la infraestructura y la publicación de su licitación, superior al año y que, con frecuencia, se extiende a varios", afirman desde Asagua. La entidad confía que las administraciones tengan aprobados suficientes proyectos y, en su caso, agilicen la aprobación de los que adicionalmente necesiten.
