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La Comisión Europea ha rebajado el importe de la multa que España paga por el deficiente tratamiento y depuración de aguas residuales urbanas al haber constatado una mejora sustancial y el cumplimiento de las obligaciones en Gijón-Este e Isla Cristina, dos de las ocho aglomeraciones urbanas incluidas en la sentencia condenatoria contra el Reino de España emitida en julio de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En su última comunicación, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión certifica que la entrada en funcionamiento de las plantas de depuración de Gijón-Este e Isla Cristina permite aminorar la cuantía de la sanción semestral, que pasa a ser de 3,1 millones de euros frente a los 10,3 millones de la multa inicial. Ambas instalaciones comenzaron a funcionar a finales de 2021 y en la actualidad operan a plena capacidad, dando servicio 161.800 y 33.000 habitantes equivalentes, respectivamente.
Esta circunstancia obliga a recalcular a la baja el importe de la multa coercitiva impuesta a España por cada semestre de retraso en el cumplimiento de los requisitos de la de la Directiva 91/271 de saneamiento y depuración de aguas residuales. Las multas coercitivas se impusieron en 2018 por ocho aglomeraciones urbanas. De ellas, cuatro son responsabilidad de la Administración General del Estado (AGE): Barbate, Matalascañas, Nerja y Gijón Este; estas dos últimas ya cumplen con las medidas solicitadas. Las otras cuatro son responsabilidad de las comunidades autónomas: Alhaurín el Grande, Valle de Güimar, Coín e Isla Cristina. También estas dos últimas cumplen con lo requerido por la Comisión Europea.
Hasta la fecha se han abonado 12 millones de euros de la suma a tanto alzado y seis pagos semestrales de la multa coercitiva por un importe total de 59.725.687,35 €. En total, 71.725.687,35 €. En estos momentos la Comisión Europea ha requerido el séptimo pago reduciendo la cifra semestral a los citados 3.130.872,85 €. La sanción permanecerá -con las actualizaciones y rebajas pertinentes- hasta que la última aglomeración urbana de las cuatro pendientes se ajuste a los estándares y requisitos de calidad en la depuración de aguas residuales establecidos por la normativa comunitaria. Como España, otros Estados miembros han estado y están incursos en procedimientos de infracción bajo la misma directiva como es el caso de Francia, Grecia, Italia, Bélgica, Reino Unido o Portugal, entre otros.
Las administraciones locales son las competentes en la materia, y, subsidiariamente, las comunidades autónomas, salvo que exista una declaración formal de Interés General de Estado o se haya suscrito un convenio específico con las comunidades autónomas para la ejecución de las actuaciones por parte del Estado.
Desde el comienzo de la legislatura el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) trabaja en medidas de choque que se concretan en el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR). Este plan constituye un instrumento de gobernanza que pretende incorporar, en los planes hidrológicos del tercer ciclo (2022-2027) procedimientos mejorados y metodologías de trabajo alineadas y enfocadas al cumplimiento de los objetivos de la planificación hidrológica, principalmente en los ámbitos de la depuración, el saneamiento y la reutilización de las aguas residuales regeneradas. El Plan revisa las estrategias y actuaciones que definen la política del agua en estas materias, buscando alinearlas con las políticas comunitarias relacionadas con el Pacto Verde Europeo, y las nacionales de la transición ecológica y el reto demográfico.
El objetivo del plan es garantizar una gestión sostenible basada en el ciclo integral del agua y aportar transparencia a los escenarios de gestión. Entre otros factores presta especial atención al aprovechamiento del potencial de tratamiento de las aguas residuales para avanzar en economía circular, eficiencia energética y en materia de generación de energía (como el aprovechamiento de los lodos de depuradora para generar energía).
