La mejora en la depuración de aguas residuales urbanas rebaja a menos de un tercio el importe de la multa que España paga a la Comisión Europea

En su última comunicación, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión certifica que la entrada en funcionamiento de las plantas de depuración de Gijón-Este e Isla Cristina permite aminorar la cuantía de la sanción semestral, que pasa a ser de 3,1 millones de euros frente a los 10,3 millones de la multa inicial. Ambas instalaciones comenzaron a funcionar a finales de 2021 y en la actualidad operan a plena capacidad, dando servicio 161.800 y 33.000 habitantes equivalentes, respectivamente.

Esta circunstancia obliga a recalcular a la baja el importe de la multa coercitiva impuesta a España por cada semestre de retraso en el cumplimiento de los requisitos de la de la Directiva 91/271 de saneamiento y depuración de aguas residuales. Las multas coercitivas se impusieron en 2018 por ocho aglomeraciones urbanas. De ellas, cuatro son responsabilidad de la Administración General del Estado (AGE): Barbate, Matalascañas, Nerja y Gijón Este; estas dos últimas ya cumplen con las medidas solicitadas. Las otras cuatro son responsabilidad de las comunidades autónomas: Alhaurín el Grande, Valle de Güimar, Coín e Isla Cristina. También estas dos últimas cumplen con lo requerido por la Comisión Europea.

Hasta la fecha se han abonado 12 millones de euros de la suma a tanto alzado y seis pagos semestrales de la multa coercitiva por un importe total de 59.725.687,35 €. En total, 71.725.687,35 €. En estos momentos la Comisión Europea ha requerido el séptimo pago reduciendo la cifra semestral a los citados 3.130.872,85 €. La sanción permanecerá -con las actualizaciones y rebajas pertinentes- hasta que la última aglomeración urbana de las cuatro pendientes se ajuste a los estándares y requisitos de calidad en la depuración de aguas residuales establecidos por la normativa comunitaria. Como España, otros Estados miembros han estado y están incursos en procedimientos de infracción bajo la misma directiva como es el caso de Francia, Grecia, Italia, Bélgica, Reino Unido o Portugal, entre otros.

Las administraciones locales son las competentes en la materia, y, subsidiariamente, las comunidades autónomas, salvo que exista una declaración formal de Interés General de Estado o se haya suscrito un convenio específico con las comunidades autónomas para la ejecución de las actuaciones por parte del Estado.

Plan Nacional de Depuración y Saneamiento

Desde el comienzo de la legislatura el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) trabaja en medidas de choque que se concretan en el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR). Este plan constituye un instrumento de gobernanza que pretende incorporar, en los planes hidrológicos del tercer ciclo (2022-2027) procedimientos mejorados y metodologías de trabajo alineadas y enfocadas al cumplimiento de los objetivos de la planificación hidrológica, principalmente en los ámbitos de la depuración, el saneamiento y la reutilización de las aguas residuales regeneradas. El Plan revisa las estrategias y actuaciones que definen la política del agua en estas materias, buscando alinearlas con las políticas comunitarias relacionadas con el Pacto Verde Europeo, y las nacionales de la transición ecológica y el reto demográfico.

El objetivo del plan es garantizar una gestión sostenible basada en el ciclo integral del agua y aportar transparencia a los escenarios de gestión. Entre otros factores presta especial atención al aprovechamiento del potencial de tratamiento de las aguas residuales para avanzar en economía circular, eficiencia energética y en materia de generación de energía (como el aprovechamiento de los lodos de depuradora para generar energía).