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Facsa ha celebrado un encuentro con el lema ´Garantizando la sostenibilidad en el abastecimiento de agua´ en el que se han abordado los retos ante el nuevo Real Decreto 3/2023 de agua de consumo humano. Los más de 200 asistentes al evento han destacado el elevado nivel de las ponencias presentadas por técnicos tanto de administraciones competentes como el Ministerio de Sanidad, la Confederación Hidrográfica del Júcar o la Diputación de Castellón, como por técnicos de operadores del sector del ciclo integral del agua como el Consorci d´Aigües de Tarragona, el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, la propia Facsa y representantes de asociaciones del sector como la International Water Association (IWA).
Los ponentes han coincidido en cómo el nuevo marco legislativo no es solo una simple revisión del ya existente, sino que plantea una regulación más estricta de la calidad de agua. Por un lado, se amplía la protección de las personas con un enfoque basado en el riesgo y en los planes sanitarios del agua que pasarán a ser obligatorios en todos los abastecimientos, y, además, se incluyen cuestiones novedosas como el aseguramiento del acceso al agua de toda la población, el refuerzo de la transparencia a los ciudadanos de la información relacionada con el agua de consumo, y la obligatoriedad del reporte de información sobre la eficiencia de redes de abastecimiento y el futuro establecimiento de un umbral para esta cuestión.
Ponentes y asistentes han puesto de manifiesto, de manera reiterada, la necesidad de planificar inversiones a medio y largo plazo para responder a las nuevas exigencias del Real Decreto, que deberán revertir en nuevas infraestructuras, la renovación de las plantas de tratamiento y las redes hidráulicas actuales o la innovación en los sistemas tecnológicos, entre otros. En este sentido, se ha reivindicado la necesidad de dotar de un marco temporal ajustado y realista: “los objetivos son alcanzables pero los plazos son complejos”, ha manifestado Pascual Maximino, director del área de Abastecimiento de Facsa. Confían, no obstante, en que esta revisión se realice por parte de los entes competentes en próximas revisiones de la normativa.
El Real Decreto incrementa los parámetros que deben ser medidos para valorar la calidad del agua de consumo, como en el caso de los antibióticos o antiinflamatorios presentes en las aguas. Asimismo, es más restrictivo en relación a otros parámetros, como es el caso de los plaguicidas o la turbidez. Estas últimas mediciones pueden ser especialmente significativas en la provincia de Castellón o Baleares al ser el agua suministrada de origen subterráneo, donde para el cumplimiento del nuevo Real Decreto se precisará la implantación de nuevos tratamientos para el ajuste a los nuevos valores paramétricos. Será asimismo relevante en los abastecimientos donde el agua es de origen superficial como es habitual en Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León o Navarra, pues el agua puede presentar en determinadas épocas del año valores más elevados de turbidez que hagan necesario implementar los tratamientos de filtración existentes para poder cumplir con los nuevos límites establecidos.
La transparencia en torno al agua es uno de los ejes más diferenciales de la nueva normativa ya que regula, por primera vez, los criterios que deben regir por parte de operadoras del agua y las Administraciones para dotar de un contenido relevante y accesible a la ciudadanía, quienes deberán poder obtener información relativa a su consumo, a las tarifas actualizadas a las que se acoge y a la calidad del agua de su red de distribución desde diferentes canales. Los expertos y expertas han aplaudido esta medida para incrementar la confianza de la ciudadanía en torno a los servicios de abastecimiento de agua.
En este sentido, y con el objetivo de incrementar el consumo consciente del agua del grifo, el Ministerio obliga a difundir comparativas del precio en euros/litro y euros/m3 para que se adquiera conciencia de la diferencia en el precio entre el agua envasada y la del grifo y tomar decisiones informadas.
El Real Decreto eleva a Derecho Humano el acceso al agua de consumo. Así, la Administración debe garantizar el acceso al agua de los ciudadanos y colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión, según establece la norma.
Para enmarcar al consumidor vulnerable, el decreto hace referencia a la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética y se establecen requerimientos para el acceso a Bonos Sociales entre otras ayudas. No están identificados los motivos por los que estos colectivos no tienen en la actualidad acceso al agua potable, dibujándose diferentes realidades y problemáticas -económicas, carencia de infraestructura hidráulica, etc.- que, han coincidido, “deberían identificarse de manera pormenorizada para entender qué retos habrá que afrontar y qué vías de financiación habrá disponibles”.
Los representantes de municipios de menos de 5.000 habitantes han manifestado su preocupación en torno a las nuevas restricciones que establece el Real Decreto puesto que, consideran, no tienen medios para afrontar las nuevas exigencias.
