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El número de entidades acreditadas en 2022 por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ha crecido un 2%, finalizando el año con cerca de 1.900 en prácticamente todos los sectores de la economía española. Estos datos, recogidos en la Memoria de Actividad de ENAC que se presentó durante la reunión de su Asamblea General, reflejan la buena salud del sistema de acreditación en España.
Así lo corrobora el presidente de ENAC, José Manuel Prieto, al afirmar que “disponer de un sistema de acreditación sólido como el español es imprescindible para el desarrollo de un mercado transparente, en el que las empresas puedan suministrar productos y servicios con el altísimo nivel de exigencia en materia de seguridad, calidad y respeto ambiental que demanda la sociedad actual”.
Además, Beatriz Rivera, directora general de ENAC, ha valorado la incorporación de nuevas disciplinas en diversos sectores de la economía española “en áreas de gran relevancia social como el proceso de transición energética y medioambiental hacia un modelo sostenible, con actividades como la validación de la autoevaluación con respecto al principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH), requisito exigido en el marco de los fondos Next Generation EU en relación a la gestión de ayudas para proyectos de inversión o reformas que establece el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR)”.
Así, la confianza en la acreditación en este sector queda reflejada a través de sus más de 400 entidades acreditadas por ENAC, para la realización de más de 500 actividades de evaluación y control en áreas muy diversas, como los muestreos, ensayos e inspecciones para la caracterización y control de los de vertidos, de los residuos o de la calidad del agua de consumo y del aire; la determinación de los niveles de radiactividad ambiental, ensayos acústicos, estudios para la declaración de suelos contaminados, verificaciones medioambientales y de emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras.
Entre los hitos que se recogen en la Memoria se encuentran la concesión de las primeras acreditaciones para aumentar la confianza en el control de la calidad del aire; por un lado, para la inspección de amianto según los criterios establecidos en la nueva norma UNE 171370-2; y, por otro, para llevar a cabo las calibraciones de los equipos implicados en las medidas del radón en el aire.
En el ámbito del control de la calidad del agua, el documento destaca la primera acreditación como productor de materiales de referencia en el ámbito de análisis químicos de aguas, en concreto de disoluciones multielementales en aguas limpias, entre las que se incluyen las aguas destinadas a consumo humano. También destaca los primeros servicios acreditados para el control de gases e inspecciones de vertederos, según lo establecido en el RD 646/2020, por el que se determinan los requisitos para garantizar una adecuada eliminación de los residuos de los vertederos y regula las características de estos, así como su correcta gestión y explotación.
Asimismo, el presidente de ENAC ha hecho hincapié en la continua confianza en la acreditación por parte de las administraciones públicas, “que este año ha continuado desempeñando un papel esencial en más de 300 disposiciones a nivel europeo, nacional y autonómico, aportando más garantías a la fiabilidad, calidad y seguridad de los productos y servicios”.
En este sentido, destaca, en España, cómo los diferentes programas de ayudas gestionados por distintas administraciones han comenzado a exigir autoevaluaciones del cumplimiento del DNSH (principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente), que deberán ir acompañadas de un informe de validación realizado por un evaluador independiente acreditado por ENAC. Es un ejemplo más de la confianza en la acreditación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para el desarrollo de esquemas de evaluación de la conformidad para la consecución de sus políticas públicas.
Asimismo, entre la reglamentación que hizo uso de la acreditación en 2022, destaca la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular; y, por parte del Ministerio para la Transición y Reto Demográfico, el Real Decreto 376/2022, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, así como el sistema de garantías de origen de los gases renovables.
