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La segunda convocatoria de ayudas del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), cuyo plazo de solicitud finalizó el pasado 22 de diciembre de 2023, se cerró con 238 proyectos presentados. Han participado un total de 3.645 municipios de todas las comunidades autónomas y provincias de España y unas 500 entidades. El plazo de estudio y valoración será de seis meses. Y la ayuda solicitada acumula un importe de más de 1.089 millones de euros.
Las cuantías de ayuda solicitadas oscilan entre los 500.000 y los 10 millones de euros, alcanzándose una ayuda solicitada total de 1.089.320.431,27 euros, de un total de 200 millones de los que dispone el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Recordamos que el objetivo fundamental de estas subvenciones es mejorar la eficiencia del ciclo integral urbano del agua desde la captación, almacenamiento y distribución, hasta el saneamiento y depuración, contribuyendo de esta manera a realizar un uso más eficiente y sostenible de este recurso.
La comunidad autónoma con una mayor participación en número de solicitudes e importe solicitado ha sido Andalucía, seguida de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Asimismo, se puede apreciar un gran interés por parte de los municipios, pues las subvenciones abarcan a un total de 3.645 de los mismos, siendo aquellos de entre 100 y 500 habitantes los que más participan en número. Los de más de 100.000 habitantes son los que solicitan una mayor cantidad de ayuda. En más de un centenar de solicitudes, el ámbito del proyecto contempla a más de cinco municipios, agotándose la reserva de 60 millones de euros prevista en las bases.
Además, no solo han presentado solicitudes los municipios de forma individual. También lo han hecho en agrupaciones de entre 2 y 71 entidades, llegando a presentar alrededor de 500. En su mayor parte ayuntamientos, pero también operadores privados y empresas mixtas. Son los operadores privados los que solicitan una mayor ayuda, seguidos de las entidades empresariales públicas.
