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Las empresas de la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (Asagua), dedicadas a la construcción de infraestructuras del agua y a su operación y mantenimiento, han advertido, durante la celebración de su Asamblea Anual, del deterioro de las infraestructuras del agua debido al déficit de inversión acumulado en los últimos quince años, que alcanza en el ciclo urbano del agua los 35.000 millones de euros. Un escenario que pone en riesgo la correcta prestación de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración.
Las inversiones en los Presupuestos Generales del Estado no son sostenidas ni sostenibles en el tiempo, ni crecen en la misma proporción que la inflación y fluctúan cada año, dando lugar a un modelo en dientes de sierra. Además, no son vinculantes y, por tanto, son susceptibles de cambios, una situación que en la práctica supone gastar menos de lo presupuestado. En 2023, el grado de cumplimiento de los presupuestos dedicados al agua ha sido poco satisfactorio. Sin embargo, España continúa afrontando multas por no tener bien depuradoras todas sus aguas.
La escasez de licitaciones y su reparto irregular en el tiempo han provocado bajas en las licitaciones, obstaculizando el cumplimiento del contrato y la calidad del servicio. Asagua aboga por pliegos que busquen la oferta con mejor relación calidad-precio. Para evitar que una oferta técnica mediocre se alce con la adjudicación por llevar asociada una oferta económica de difícil cumplimiento, es importante que los pliegos establezcan umbrales técnicos, eliminando la posibilidad de que la valoración económica permita la adjudicación a malas ofertas técnicas. Una de las herramientas para evitar estas situaciones, frecuentes en los últimos años, es la utilización de la presunción de la temeridad de las ofertas, rechazando las ofertas que incurran en ella.
Las inversiones públicas son insuficientes para cubrir las necesidades de las infraestructuras del agua, por eso se impone fomentar, de forma franca, la colaboración público-privada, o lo que es lo mismo, el modelo concesional. Para ello, Asagua solicita la aprobación del marco legal que regule la colaboración público-privada, lo que requiere modificar la Ley de Desindexación, que hace inviable el modelo concesional actual por retribuir poco al capital.
La insuficiente inversión pública conlleva la desaparición de empresas y, con ello, la pérdida de empleos cualificados, restando capacidad a un sector español del ciclo urbano del agua, puntero a nivel internacional que genera en nuestro país 27.000 empleos directos, 35.000 indirectos y factura 7.500 millones de euros al año. Además, Asagua recuerda que los actuales niveles de inversión inciden negativamente en la inversión de las empresas en I+D+i.
La pandemia de COVID 19 y la guerra de Ucrania fueron el origen de la extraordinaria subida del precio de los materiales y de la energía que aún afecta directamente al sector de la construcción, cuestión especialmente grave a partir de 2021 y que aún continúa, ya que a esos sucesos se suman la crisis de la Franja de Gaza y la del Mar Rojo. Una situación que causa una importante merma económica a las empresas, que han llegado a trabajar a pérdidas. Desde marzo de 2023 solo se revisan los precios a contratos de obra -no así de servicios- en aquellos contratos que así lo incluyen en sus pliegos, con el consiguiente riesgo de que continúen quedando desiertas las licitaciones.
Ante este escenario, Asagua solicita volver a la aplicación universal de la revisión de precios, suprimida en 2015, realizando las modificaciones necesarias en la Ley de Desindexación y su Reglamento. Reclama la implantación de la revisión de precios sin límites, que incluya tanto contratos de obra como de servicios, así como el coste de la energía, que supone el 40% de la estructura de costes de la explotación de una EDAR.
Para Asagua es indispensable retomar las negociaciones para alcanzar un pacto nacional del agua, materializado en un nuevo Plan Hidrológico Nacional que ponga fin a los conflictos territoriales del agua y garantice el cumplimiento de los planes hidrológicos de cuenca. Para ello es necesario cambiar las estructuras administrativas y agilizar los trámites inherentes al proceso de licitación, tal como reconoce el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que, sin embargo, no lo ha incentivado.
A juicio de Asagua, lograr un pacto nacional del agua y por el agua, basado en la buena planificación hidrológica, evitaría las dificultades a las que se enfrenta nuestro país por los diversos sucesos climáticos, como son las sequías y las inundaciones. La planificación hidrológica ha de ser proyectada de acuerdo con la ciencia y la técnica y en ausencia de directrices políticas.
En este sentido, la asociación defiende la creación del regulador único como medio para garantizar la debida solidaridad entre las regiones de España y establecer el precio del agua tal como dispone la Directiva Marco del Agua, es decir, que recoja el coste de llevarla a los hogares en óptimas condiciones y de devolverla a la naturaleza bien depurada, incluidos los gastos de primera instalación, para que éste deje de ser un precio político.
